SANTO DOMINGO.-El economista y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, criticó este martes la denominada Ley 30-26, conocida como ley anticrisis, al considerar que las medidas contempladas en esa legislación no se corresponden con el objetivo de proteger a la clase media.
Asimismo el también exministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que actualmente los dominicanos pagan los combustibles como si el precio internacional del petróleo se encontrara entre 90 y 100 dólares por barril.
“Yo no sé cómo ayuda a la clase media mantener una gasolina más cara de lo normal. No sé cómo ayuda a la clase media tampoco aumentar el cobro o la retención que se le hace a los proveedores informales”, expresó el economista en una entrevista en el programa El Día.
Jiménez también cuestionó el incremento de los impuestos a las transferencias bancarias y sostuvo que las disposiciones incluidas en la ley no benefician a los sectores más vulnerables, pese a que ese fue uno de los objetivos planteados por el Gobierno.
Propone un fondo para estabilizar los precios
Como alternativa, el dirigente peledeísta resaltó su propuesta sobre la creación de un Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, con el propósito de reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional sobre los consumidores.
Explicó que el mecanismo consistiría en proyectar un precio de referencia del petróleo de acuerdo con las condiciones del mercado. Cuando el precio internacional supere ese nivel, el fondo serviría para sostener los precios internos; cuando el crudo disminuya, los recursos volverían a alimentarlo, evitando trasladar variaciones bruscas al consumidor final.
Jiménez aseguró que este modelo ya se aplica en países como China, Colombia y Uruguay, y consideró que su implementación permitiría administrar con mayor transparencia la política de fijación de los precios de los combustibles.
A su juicio, un esquema de esa naturaleza ofrecería mayor previsibilidad tanto para los consumidores como para el Estado, al reducir el impacto de las variaciones del petróleo en los mercados internacionales.