ESTADOS UNIDOS (CNN).-Una jueza federal de distrito, Allison Burroughs, suspendió de forma temporal la decisión del Gobierno de Donald Trump que prohibía a la Universidad de Harvard matricular nuevos estudiantes internacionales.
La resolución llegó pocas horas después de que la universidad presentara una demanda argumentando que la medida constituía una represalia política y una violación de sus derechos constitucionales.
La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocaba la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), impidiendo nuevas inscripciones y obligando a los estudiantes actuales a transferirse o perder su estatus legal. Según Harvard, esta acción fue motivada por su negativa a entregar registros de conducta de sus estudiantes internacionales, solicitud que consideran excesiva e inconstitucional.
La suspensión judicial representa un respiro para más del 27 % del alumnado de Harvard, compuesto por estudiantes internacionales que ahora se encontraban en un limbo legal y emocional. La universidad reporta casi 7,000 estudiantes extranjeros en su matrícula, provenientes de más de 140 países.
Una batalla legal con trasfondo ideológico
Harvard sostiene que la decisión del Gobierno responde a su rechazo a implementar cambios impuestos por la administración Trump, que incluían auditorías ideológicas, reformas en políticas de diversidad y control sobre los planes de estudio. La demanda señala que estas exigencias “invaden la autonomía universitaria” y vulneran la Primera Enmienda.
Además, la jueza Burroughs es la misma que conoce otro caso contra el Gobierno federal por la congelación de US$2,650 millones en fondos federales asignados a la universidad. La medida, parte de una serie de sanciones, forma parte de lo que funcionarios de Harvard y expertos califican como un esfuerzo del Gobierno para forzar cambios en su modelo académico y limitar su independencia institucional.
Reacciones y consecuencias
La Casa Blanca justificó la acción asegurando que “matricular estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho”, y acusó a Harvard de convertirse en un “semillero de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la certificación podría restituirse si Harvard entrega cinco años de registros de conducta estudiantil en un plazo de 72 horas.
La comunidad académica reaccionó con preocupación. Profesores, diplomáticos y estudiantes alertaron sobre las posibles repercusiones de esta medida. “Muchos laboratorios se vaciarían”, advirtió un profesor, mientras que Jason Furman, economista de Harvard y exasesor presidencial, la calificó como una “decisión horrenda” que podría dañar el prestigio académico de EE.UU.
El embajador de Australia en EE.UU., Kevin Rudd, expresó su inquietud por el impacto sobre los estudiantes australianos, mientras que organizaciones docentes como la AAUP condenaron lo que describieron como un “asalto inconstitucional contra los estudiantes internacionales”.
Estudiantes extranjeros compartieron su angustia en medios y redes sociales, algunos al borde de perder sus becas o la posibilidad de completar sus estudios. “Estamos siendo usados como una pelota en la lucha entre democracia y autoritarismo”, dijo un estudiante austríaco. Otro joven de Nueva Zelanda aseguró que su sueño de estudiar en Harvard está ahora en riesgo.
Harvard defiende su autonomía
En un comunicado, Harvard calificó la revocación de su certificación como “ilegal y dañina para la misión académica de la universidad y para el país”, y reiteró su compromiso con una comunidad internacional diversa.
La universidad también ha implementado algunas medidas para abordar las preocupaciones del Gobierno, como cambiar el nombre de su oficina de diversidad y revisar protocolos sobre protestas estudiantiles, especialmente tras las manifestaciones por el conflicto en Gaza. Aun así, insiste en que muchas de las exigencias oficiales exceden los límites del control estatal sobre una institución privada.
Por ahora, la decisión judicial representa un freno temporal al conflicto, mientras la disputa se encamina a una larga batalla legal por la autonomía universitaria y los derechos de los estudiantes internacionales en EE.UU.
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