HONDURAS (AGENCIAS).-La justicia de Honduras desestimó los cargos de corrupción contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien previamente había sido indultado en Estados Unidos por el presidente Donald Trump tras cumplir parte de una condena por narcotráfico.
Hernández, de 57 años y quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, era acusado por la Fiscalía de participar en el desvío de unos US$2 millones de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Sin embargo, un juez determinó que el exmandatario “no autorizó” ni “administró” esos recursos, que fueron desembolsados por el Gobierno durante el período en que Hernández presidía el Congreso Nacional, explicó a periodistas Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
Silva agregó que Hernández “no tuvo incremento patrimonial”, por lo que el tribunal dictó un sobreseimiento definitivo y ordenó la emisión de su carta de libertad.
“Hoy se cierra este capítulo de persecución política, cerramos en Estados Unidos, se está cerrando este”, declaró Hernández a periodistas a las afueras del tribunal en Tegucigalpa.
La Fiscalía buscaba llevar al exmandatario a juicio por los delitos de fraude y lavado de dinero, además de solicitar que permaneciera en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso.
La decisión judicial generó críticas entre sectores que cuestionan la trayectoria del exgobernante. “Es una afrenta a todos los hondureños víctimas de la corrupción”, manifestó a la AFP la activista anticorrupción Gabriela Blen.
Indulto de Trump
Hernández había calificado el proceso en Honduras como una “cacería de brujas” y una “persecución política”, expresiones que también utilizó para referirse a su condena a 45 años de prisión en Estados Unidos, anulada tras un indulto otorgado por Trump a finales de 2025.
Otro expresidente hondureño, Porfirio Lobo, quien gobernó entre 2010 y 2014, también había sido liberado de cargos relacionados con el mismo expediente de corrupción, por el cual hasta ahora no se han producido condenas.
La decisión representa otra victoria judicial para Hernández, conocido por las siglas JOH, quien además busca recuperar 131 bienes familiares que fueron confiscados después de su extradición a Estados Unidos.
En 2024, una corte federal de Nueva York lo condenó por conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación presentada en ese proceso, Hernández habría colaborado con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
Los fiscales estadounidenses sostuvieron durante el juicio que el exmandatario utilizó su posición política para favorecer operaciones de narcotráfico y contribuir a convertir a Honduras en un “narcoestado”.
Uno de los testigos declaró durante el proceso que Hernández habría expresado: “Le vamos a meter la droga en sus propias narices y no se van a dar ni cuenta”.
Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Regreso al escenario político hondureño
El indulto otorgado por Trump ocurrió en vísperas de las elecciones presidenciales de Honduras de noviembre de 2025.
Al anunciar el perdón presidencial, Trump pidió públicamente el voto para el candidato conservador Nasry Asfura, copartidario de Hernández, y advirtió sobre posibles consecuencias para la ayuda estadounidense a Honduras.
Asfura ganó posteriormente las elecciones por un estrecho margen, en medio de denuncias de fraude formuladas por sectores de la oposición. Estas acusaciones fueron descartadas por un grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Trump afirmó que el proceso contra Hernández había sido una “trampa” impulsada durante la administración de su antecesor, Joe Biden, aunque parte de la investigación se había desarrollado durante el primer mandato del propio mandatario republicano.
La trayectoria política de Hernández ha estado marcada por denuncias de corrupción y por la controvertida reelección presidencial de 2017.
Según la Fiscalía hondureña, entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional, participó en un esquema mediante el cual fueron desviados recursos destinados a proyectos agrícolas para financiar su campaña presidencial.
De acuerdo con la acusación, en la operación fueron utilizadas empresas fantasma, testaferros y contratos ficticios para movilizar los fondos.
