Santo Domingo.– Legisladores del Congreso Nacional citarían al Ministerio de Relaciones Exteriores para que explique las condiciones del acuerdo firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir en el país caribeño a deportados de terceros países, como anunció el Gobierno.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Ignacio Aracena, aseguró que el Congreso iniciará un proceso de consultas con Cancillería y otros actores vinculados a la política exterior para conocer el contenido del convenio.
“Bajo ninguna circunstancia el presidente comprometerá con una acción o con un acuerdo la soberanía de la República Dominicana”, expresó Aracena, al tiempo que defendió que las decisiones internacionales adoptadas por el presidente Luis Abinader buscan fortalecer la seguridad nacional y se enmarcan dentro de las prerrogativas del país como miembro de la comunidad internacional.
El legislador oficialista indicó que existe disposición de abrir un diálogo con la Cancillería para “generar un mayor flujo de entendimiento social” y responder a las inquietudes de la ciudadanía sobre el acuerdo.
Desde la oposición, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz rechazó categóricamente la posibilidad de que República Dominicana reciba deportados de terceros países, al considerar que la situación representa un riesgo para la nación.
“Es inaceptable. Nosotros tenemos una situación particular en la isla y no podemos agregar más presión a la realidad migratoria y de seguridad que vive el país”, sostuvo el legislador, quien cuestionó por qué Estados Unidos no implementa ese tipo de medidas en territorios como Puerto Rico.
En tanto, el diputado Rafael Castillo criticó la falta de información oficial sobre el acuerdo y aseguró que el Gobierno no ha explicado cómo funcionará el mecanismo anunciado.
“El pueblo dominicano no conoce qué se firmó ni cuáles son las implicaciones para el país. Lo más importante es que el Gobierno le explique a la ciudadanía de qué se trata este acuerdo”, manifestó.
Castillo advirtió además sobre el temor de que República Dominicana pueda asumir responsabilidades permanentes sobre ciudadanos deportados si Estados Unidos se desvincula del proceso.
De su lado, Charlie Mariotti Paz consideró que el principal problema no es el acuerdo en sí, sino la ausencia de transparencia por parte del Gobierno.
“Nosotros merecemos saber qué fue lo que se acordó con Estados Unidos. Son muchas las preguntas y el Gobierno ha hecho un flaco servicio al no explicar realmente qué contempla este acuerdo”, expresó.
Mariotti señaló que este tipo de convenios deberían pasar por el Congreso Nacional para garantizar conocimiento público y establecer límites claros sobre su aplicación. También cuestionó que el presidente Abinader negara en febrero de 2025 que una medida de esa naturaleza pudiera implementarse en el país.
Mientras, la senadora María Mercedes Ortiz miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado defendió la gestión del Gobierno y manifestó su confianza en que el presidente Abinader no adoptará ninguna medida que perjudique a los dominicanos.
“El Gobierno dominicano sería incapaz de atentar contra nuestros derechos”, afirmó la legisladora, quien adelantó que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también convocará a representantes de la Cancillería para conocer los detalles del acuerdo y ofrecer explicaciones a la población.
El Gobierno dominicano informó este martes que recibirá, en condiciones de tránsito, a un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excluyendo ciudadanos haitianos y menores de edad no acompañados.
El acuerdo forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante con los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada Escudo de las Américas.
Según el comunicado oficial, los deportados no podrán tener antecedentes penales y el programa contará con respaldo financiero y operativo de Estados Unidos para garantizar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno a sus países de origen.