SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público interpuso formal recurso de apelación a la sentencia de un tribunal de Puerto Plata que en un nuevo juicio declaró penalmente responsable a Wander Samuel Franco Aybar por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente pero al mismo tiempo le otorga un perdón judicial.
El recurso fue interpuesto de forma parcial contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien lo presidió, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.
“Las decisiones judiciales deben mantener coherencia con los hechos probados, la calificación jurídica establecida y el marco legal aplicable. La lucha contra la explotación de menores y el lavado de activos exige respuestas compatibles con los principios de legalidad y justicia”, indicaron los representantes del Ministerio Público.
“El Ministerio Público sostiene que la aplicación del perdón judicial a favor de Wander Samuel Franco Aybar constituye una interpretación errónea y extensiva de una figura jurídica concebida por el legislador para circunstancias excepcionales que no concurren en el presente caso. Los fiscales recurrentes argumentan que la propia sentencia estableció la responsabilidad penal del acusado por abuso sexual y abuso psicológico en perjuicio de una adolescente, por lo que la exención total de pena resulta incompatible con la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos juzgados”, reseña el comunicado de prensa.
A juicio del órgano acusador, la decisión se aparta de los presupuestos legales que regulan el perdón judicial, debilita los fines de prevención y sanción del derecho penal y envía un mensaje contrario a la protección reforzada que el ordenamiento jurídico dominicano reconoce a los niños, niñas y adolescentes.
El proceso tuvo su origen en una investigación que derivó en acusaciones por hechos vinculados a abuso sexual, abuso psicológico y explotación de una persona menor de edad y operaciones relacionadas con lavado de activos.
La sentencia condena a la madre de la adolescente a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago, por explotación sexual comercial y lavado de activos, decisión que no fue recurrida.