Entre 2017-2020, la empresa General Supply Corporation endosó al MOPC más de 180 mil barriles de cemento asfáltico (AC-30), lo que equivale casi ocho millones de galones “acto mediante el cual desaduanizó los bienes importados, sin evidencia de la aprobación del Congreso”, indica el expediente.
Por estas operaciones el Estado supuestamente dejó de percibir ingresos correspondientes a impuestos, recargos e ITBIS, ascendentes al monto de RD$171,999,103 (Ciento setenta y un millones novecientos noventa y nueve mil cientos tres pesos).
Esta irregular práctica con los impuestos continuó durante la gestión de Ramón A. Pepín, quien sustituyó a Castillo en el cargo, dice el expediente.
El escrito acusatorio de 3,445 páginas, indica que la auditoría de la Cámara de Cuentas recoge que cuatro declaraciones aduanales presentan la autorización de exoneración emitida por “el señor José Ramón Peralta, entonces Ministro Administrativo de la Presidencia, esto sin evidencia del poder otorgado por el Presidente de la República y sin la autorización del Congreso”.
El Ministerio Público resalta que además de otorgarle un contrato de exclusividad sin demostrar la especialización y experiencia requerida, Gonzalo gestionó una línea de crédito al Banco de Reservas a favor de la empresa que los fiscales aseguran es propiedad de Juan Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina.
La facilidad económica con el banco del Estado era para adquirir los productos que posteriormente le suministraba dicha empresa a Obras Públicas. Los investigadores alegan que para ello el exministro y ex candidato presidencial emitía varias certificaciones dirigidas a los miembros del Banco de Reservas de la República Dominicana para tales fines.
