Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) advirtió este jueves que los acontecimientos provocados por las lluvias del pasado 8 de abril no responden a un evento extraordinario, sino que evidencian fallas estructurales tanto en la infraestructura crítica del país como en el sistema de gestión de riesgos, reflejando debilidades acumuladas en la planificación, ejecución y respuesta del Estado.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Obras Públicas de la organización, ingeniero Mariano Germán, afirmó que la salida de operación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo constituye una señal de alerta sobre la calidad de una obra recientemente inaugurada, al presentar filtraciones en estaciones, acumulación de agua en el viaducto con potencial riesgo eléctrico, drenajes colapsados en su entorno inmediato e incertidumbre en el tramo soterrado.

Explicó que estos elementos no pueden ser considerados hechos aislados ni consecuencia de una lluvia imprevisible, sino manifestaciones de una falla sistémica en una infraestructura nueva, lo que obliga a evaluar con rigor técnico aspectos como el diseño, la ejecución y la supervisión del proyecto. En ese sentido, advirtió que el mayor nivel de preocupación se concentra en el túnel subterráneo de más de 900 metros, cuya condición real no ha sido informada públicamente.

Germán también cuestionó que el sistema continúe operando bajo la modalidad de “marcha en blanco”, transportando usuarios sin haber completado su validación integral, en un contexto donde ya se han evidenciado fallas en la interacción entre agua y componentes eléctricos, lo que calificó como una decisión de alto riesgo en una infraestructura de uso masivo.

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgos y Atención a Emergencias de la Fuerza del Pueblo, Wilkin Moreno, sostuvo que el evento ocurrido en el Gran Santo Domingo fue previamente advertido mediante el sistema oficial de alertas, que había escalado progresivamente entre 48 y 72 horas antes, por lo que no puede presentarse como un fenómeno inesperado.

Indicó que lo sucedido responde a fallas estructurales en la prevención, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta del sistema, evidenciadas en ciudadanos atrapados en vías inundadas, interrupciones del transporte público y la repetición de inundaciones en puntos históricamente identificados, lo que confirma la persistencia de debilidades en la gestión del riesgo.

Moreno señaló que el país continúa operando bajo un esquema institucional desactualizado, con un Plan Nacional de Gestión de Riesgos cuya base data de 2011, sin evidencia de revisión estructural, y con organismos clave que no muestran un funcionamiento activo sostenido ni una rendición de cuentas transparente ante la ciudadanía.

Asimismo, cuestionó la falta de correspondencia entre los recursos financieros recibidos por el Estado en materia de cambio climático y gestión de riesgos, que superan los 700 millones de dólares en los últimos años, y los resultados visibles en infraestructura resiliente, drenaje urbano y capacidad preventiva, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de dichas inversiones.

En ese sentido, Wilkin Moreno advirtió que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la repetición de un patrón que se ha venido manifestando de forma continua desde la llegada al gobierno de la actual administración, recordando que desde 2022 se han registrado episodios de colapso por lluvias, con eventos de alta intensidad en 2023, persistencia de fallas en 2024, nuevas emergencias en 2025 y la misma situación en 2026, lo que evidencia que el sistema no ha sido corregido pese a tratarse de riesgos previsibles.

Ambos dirigentes coincidieron en que la narrativa oficial que atribuye los efectos del evento a la imprevisibilidad del clima entra en contradicción con la realidad técnica, ya que las lluvias fueron advertidas, los puntos de vulnerabilidad eran conocidos y el impacto era previsible desde el punto de vista operativo, por lo que insistieron en que el problema no es la lluvia, sino la falta de preparación del Estado.

En ese contexto, la Fuerza del Pueblo advirtió que el país enfrenta un patrón repetitivo de crisis asociadas a lluvias en los últimos años, sin que se evidencien soluciones estructurales sostenidas, lo que refleja la ausencia de aprendizaje institucional y la persistencia de un enfoque reactivo en la gestión pública.

La organización exigió la realización de una auditoría independiente al sistema del Metro de Santo Domingo, incluyendo el tramo soterrado de la Línea 2C, así como una evaluación integral del sistema de drenaje y de la infraestructura urbana en las zonas afectadas.

De igual manera, planteó la necesidad de activar de manera efectiva los organismos de coordinación del sistema de gestión de riesgos, actualizar el Plan Nacional vigente, transparentar el uso de los recursos destinados a estas áreas y establecer protocolos claros que garanticen una respuesta oportuna ante eventos previsibles.

La Fuerza del Pueblo sostuvo que cuando un fenómeno advertido se convierte en crisis, no se trata de un evento natural extraordinario, sino de una falla institucional que compromete la seguridad de la población, y advirtió que ignorar las señales que ya está emitiendo la infraestructura podría derivar en consecuencias mayores si no se adoptan medidas correctivas a tiempo.

En ese contexto, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo advirtieron que el país enfrenta un patrón repetitivo de crisis asociadas a lluvias en los últimos años, sin que se evidencien soluciones estructurales sostenidas, lo que refleja la ausencia de aprendizaje institucional y la persistencia de un enfoque reactivo en la gestión pública.

En nombre de la organización, plantearon la necesidad de realizar una auditoría independiente al sistema del Metro de Santo Domingo, incluyendo el tramo soterrado de la Línea 2C, así como una evaluación integral del sistema de drenaje y de la infraestructura urbana en las zonas afectadas.

De igual manera, indicaron que se debe activar de manera efectiva los organismos de coordinación del sistema de gestión de riesgos, actualizar el Plan Nacional vigente, transparentar el uso de los recursos destinados a estas áreas y establecer protocolos claros que garanticen una respuesta oportuna ante eventos previsibles.

Los dirigentes sostuvieron además que cuando un fenómeno advertido se convierte en crisis, no se trata de un evento natural extraordinario, sino de una falla institucional que compromete la seguridad de la población, y advirtieron que ignorar las señales que ya está emitiendo la infraestructura podría derivar en consecuencias mayores si no se adoptan medidas correctivas a tiempo.