Santo Domingo, D.N. El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves que el Seguro Nacional de Salud (SENASA) atraviesa una profunda crisis financiera y gerencial, evidenciada en una deuda acumulada cercana a los RD$10 mil millones con prestadores privados y una morosidad que se disparó de menos de 1% a 44%, situación que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud dominicano y la continuidad de los servicios a la población.

La denuncia fue hecha por el doctor Ramón Alvarado, titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa en la que presentó una síntesis del balance del sistema de salud correspondiente al año 2025, el cual definió como “uno de los años más catastróficos para el sistema sanitario dominicano”.

Al presentar el documento, Alvarado advirtió que “la situación del SENASA constituye un acontecimiento sin precedentes en la historia sanitaria nacional” y señaló que esta crisis ha generado “limitaciones severas en la autorización de servicios, medicamentos, insumos, estudios diagnósticos y procedimientos”. El texto sostiene que esta situación ha provocado un aumento del déficit financiero en los hospitales públicos y ha colocado “en amenaza de quiebra a numerosos prestadores privados”. Asimismo, recordó que el actual gobierno recibió este indicador de morosidad “en menos de un uno por ciento”, lo que, a su juicio, evidencia un deterioro acelerado bajo la actual gestión gubernamental.

Durante su exposición, el dirigente político sostuvo que este colapso ocurre en un contexto más amplio de abandono del sistema público de salud. En el documento se afirma que los gobiernos del PRM se han caracterizado por “falta de planes, improvisación, bajo financiamiento, abandono de programas y desplome de los hospitales y los servicios de atención primaria”.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, Alvarado citó estudios que revelan que “60 centros de salud de segundo y tercer nivel presentan serios daños en sus estructuras físicas”. El texto advierte además que “el 92% no posee ambulancia para trasladar a los pacientes” y que “el 80% de los directores hospitalarios consultados admitieron deficiencias en el suministro de medicamentos e insumos”, lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta de los centros de salud.

El documento presentado en la rueda de prensa señala que “como si esto fuera poco, el comportamiento del actual gobierno resulta altamente preocupante por la irresponsabilidad de inaugurar y entregar establecimientos en proceso de remodelación como si estuvieran terminados”, cuando en realidad “se encuentran incompletos por la falta de personal, equipos, materiales e insumos de salud requeridos”. Más grave aún, advierte el texto, es “la falta de una correcta supervisión de ingeniería, lo que ha provocado desprendimientos estructurales que ponen en riesgo la seguridad de pacientes, personal y visitantes”.

Como ejemplos concretos, Alvarado citó el Hospital Salvador B. Gautier, cuya situación se caracteriza por “falta de higiene, hacinamiento, desorganización y pacientes graves que permanecen días, semanas y hasta meses en el área de emergencia esperando una cama de internamiento”. También mencionó el Hospital Padre Billini, del cual se afirma que “tras más de siete años de remozamiento, este gobierno no ha sido capaz de concluirlo y entregarlo”, obligando a médicos y pacientes a recibir atención en condiciones precarias.

El balance incluye además hospitales regionales como el Luis L. Bogaert, de Valverde Mao, donde áreas como cirugía, traumatología y diálisis “permanecen cerradas desde hace más de cuatro años”; el Ramón Matías Mella, de Dajabón, descrito como “al borde del colapso”; así como centros de salud en Nagua, Loma de Cabrera y Restauración, que operan con severas limitaciones de personal y equipos, o mantienen cerradas áreas de internamiento.

Asimismo, el galeno citó casos similares en centros sanitarios como el Hospital José Francisco Peña Gómez, el Hospital Ramón Villalona, de Loma de Cabrera; el hospital de Restauración, con áreas de internamiento cerradas; el Hospital Yapour Hedec y el Hospital Luis Bonilla Castillo, de Matancita, todos afectados por carencias estructurales, déficit de personal y falta de equipos diagnósticos.

En materia de mortalidad, el documento cita datos oficiales del Ministerio de Salud Pública que reportan “177 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos en 2025”, cifra que, advierte el texto, aleja al país de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece un máximo de 70 muertes por cada 100 mil nacidos vivos.

Sobre la atención primaria, Alvarado indicó que “el primer nivel de atención, puerta de entrada del sistema de salud, se encuentra en condiciones deplorables”. Entre los datos destacados figuran que “el 59% de las UNAP está dirigido por pasantes, solo el 5% por médicos de familia” y que “el 67% no cumple con los criterios exigidos del sistema de información”. El texto subraya además que “el gasto de bolsillo en salud supera el 40%, mientras la inversión pública apenas alcanza el 2.8% del PIB”.

Al cierre de la presentación, el titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo afirmó que “el año 2025 resultó ser desastroso para el sistema de salud dominicano”, atribuyendo esta situación a “un gobierno incapaz, indolente e inhumano, que genera bajas expectativas y alta desconfianza en la población”.