SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el caso contra Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo devela la trama de un caso de corrupción administrativa en el que funcionarios influyentes se asociaron para, aprovechando su poderío dentro de las entrañas del poder, sustraer miles de millones de pesos de todos los contribuyentes.

El director general de Persecución del Ministerio Público recordó que los tres exfuncionarios, junto a los demás implicados, en el caso, solo en expropiaciones sustrajeron más de 19 mil millones de pesos del erario que pudieron ser destinados a servicios esenciales como la salud en momentos en que el país se enfrentaba a la pandemia de la Covid-19.

Camacho manifestó que la estructura sustrajo dinero además de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.

Relató que en el esquema de corrupción que implantaron los entonces funcionarios para defraudar al Estado se vieron situaciones tan inverosímiles como el hecho de que un alistado de una entidad castrense podía retirar hasta mil millones de pesos en efectivo del sistema financiero.

Resaltó, además, que la estructura se quedaba hasta con el 70 % de lo que dijeron habían pagado a terceros que, instigados en la mayoría de los casos por los funcionarios que participaron en el esquema de corrupción, reclamaban pagos al Estado por viejas expropiaciones.

Camacho indicó que, ante la contundencia y la gravedad de las pruebas, confía en que el sistema de justicia juegue su papel al igual que el Ministerio Público y que el tribunal envíe a juicio a todos los acusados, ya que se trata de un proceso sobreprobado, con unos 1,278 medios de pruebas en el que toda la sociedad espera se castigue la corrupción sin que prevalezca ningún asomo de impunidad.

El proceso penal

Luego de presentar sus conclusiones de réplica a las barras de la defensa el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Además de los exministros de Hacienda, Obras Públicas y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta,  entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa también figuran: Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.