SANTO DOMINGO.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló graves irregularidades administrativas y financieras en el Ministerio de Hacienda (MH) durante la gestión de Donald Guerrero Ortiz (2016-2020), por un monto superior a los RD$300 mil millones, según consta en el Informe de Investigación Especial practicada al Ministerio de Hacienda correspondiente al período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020.
De acuerdo con el documento, el Ministerio de Hacienda recibió el informe preliminar el 16 de mayo de 2025, pero no respondió dentro del plazo establecido, según consta en la comunicación 003883/2025 remitida por la Cámara de Cuentas. El órgano fiscalizador destacó que “pasado el plazo la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no recibió las contestaciones en respuesta por parte del ministerio en calidad de réplica al contenido de este”.
Entre los hallazgos más relevantes, la auditoría señala la “ausencia de manuales de políticas y procedimientos para el reconocimiento y pago de deuda administrativa”, así como gastos ejecutados por encima de lo presupuestado, por un valor de RD$114,890,101 y RD$5,273,357 en distintas subcuentas.
El informe también detalla contratos sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República por RD$59,121,123,771, y pagos por expropiaciones sin los documentos correspondientes, que ascienden a RD$9,524,528,541. Asimismo, se identificaron expedientes de deuda administrativa sin evidencia de cumplimiento de obligación fiscal, por RD$8,640,276,546.
La Cámara de Cuentas reportó además pagos de sentencias condenatorias sin evidencia de haber adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por un valor de RD$7,163,768,655, junto a certificaciones de avalúo sin soporte y diferencias entre avalúos realizados y pagados, por RD$6,194,434,957. A ello se suman contratos suscritos sin avalúo de la Dirección General del Catastro Nacional por RD$3,875,221,921, y avalúos posteriores a la firma de acuerdos por RD$332,739,330.
El documento indica que se realizaron pagos a beneficiarios distintos a los titulares legítimos, por un monto de RD$553,160,000, así como pagos de expropiaciones no incluidos en el Presupuesto General del Estado, por RD$18,478,714,266. Igualmente, se detectaron pagos por cesiones de crédito sin evidencias de derechos sobre los créditos cedidos, por RD$8,901,509,390, y desembolsos con expedientes incompletos valorados en RD$30,020,914,387.
Otro hallazgo apunta a contratos sin cláusulas de monto contractual por RD$4,906,161,497, además de facturas con número de comprobante fiscal inválido o vencido por RD$143,660,926, y facturas no emitidas a nombre de la entidad deudora, por RD$46,760,273. También se documentaron conduces, facturas y registros con fechas anteriores a los contratos o a las órdenes de servicio, por cifras que superan los RD$2,130 millones.
La auditoría señala además pagos sin pasar por la Contraloría General de la República, por RD$61,244,484,216, así como pagos por líneas de crédito de proveedores, por RD$22,632,462,090. En cuanto a los juegos de azar, la Cámara de Cuentas denunció la “ausencia de licencias definitivas y provisionales para operar centros de juegos de azar, así como la falta de planes de inspección y programas de fiscalización”.
El informe también menciona la “ausencia de documentación y funcionalidades del programa informático ‘LoteríasRD’”, así como adendas a contratos que superan el 25 % del monto original, por RD$11,818,154,508. Asimismo, se detectaron discrepancias entre obras contratadas y pagadas, por RD$1,121,681,679, ITBIS no transparentado por RD$134,576,797, e ITBIS exonerado sin evidencia de aprobación congresual, por RD$29,652,429.
En sus recomendaciones generales, la Cámara de Cuentas ordena “identificar los funcionarios y servidores públicos cuyas actuaciones u omisiones dieron lugar a las inobservancias citadas”, así como “resarcir las lesiones y daños al erario y aplicar las sanciones de conformidad al ordenamiento legal vigente”.
El órgano fiscalizador también instruye al Ministerio de Hacienda a “elaborar e implementar un plan correctivo que mejore la operatividad administrativa y financiera”, y a “disponer de un Plan de Acción Correctivo en un plazo de 25 días calendario”, conforme al artículo 74 del Reglamento de Aplicación de la Ley 18-24, de la nueva Cámara de Cuentas.
