Santo Domingo.- El equipo de defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, insisten en que el exfuncionario guarda prisión de manera arbitraria, sin que lo haya visto un juez desde hace siete meses y a pesar de que la acusación en su contra no ha sido bien fundamentada.

Demandaron el cese de su prisión y la acusación en su contra, alegando que el delator que lo señala, Bolívar Ventura, cambió su versión de inicio, de cuando era imputado también en el caso de corrupción Calamar.

En rueda de prensa, los tres togados, sostienen que en el 2021 el delator no mencionó a Peralta y lo hace ya como colaborador del Ministerio Público, en el 2022.

Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez explicaron que el 27 de noviembre de 2021 Ventura afirmó haber entregado 527 millones 634 mil 838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, en un apartamento en Plantini sin que en ninguna parte de ese interrogatorio mencionara al exfuncionario.

Trece meses después, cuando Ventura «estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, «cambia totalmente su versión», al señalar haber entregado la misma cantidad de dinero, con soporte en los mismos cheques por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega eran distintos, expusieron.

Según la acusación que hace la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el dinero entregado supuestamente era para soborno a fin del empresario de la constructores ser beneficiado con el pago de deudas de hasta 10 años que tenía el Estado con él. Los recursos pagados en «sobornos» serían parte de los «fondos para las elecciones internas del año dos mil diecinueve (2019)» del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

No pueden afirmar que acusación es política

Los abogados dijeron que no pueden especular y afirmar que el caso contra Peralta obedece a un interés político, pero sí insistieron en la contradicción y en la intención de incluir al exministro Administrativo en el expediente Calamar.

Sobre la revisión a la prisión sostienen que esperan que la jueza de instrucción ponga la fecha de audiencia.

Se recuerda que la magistrada del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla, revisó la prisión preventiva contra el detenido de manera administrativa, sin desarrollar audiencia y citar a las partes y fue sustituida en el conocimiento de su acusación.

Tras la decisión de la corte, que acogió la recusación contra Padilla, se designó a la jueza jueza Ana Lee Florimón.