CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes que bloqueó «con carácter estrictamente preventivo» las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa acusados de narcotráfico por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, el oficialista Rubén Rocha Moya.
«La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano», explicó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la situación de los funcionarios señalados por el Departamento de justicia estadounidense.
Según precisó, instituciones bancarias mexicanas emitieron alertas respecto a clientes considerados como «personas políticamente expuestas», después de que Washington les acusara de ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.
Entre los políticos señalados, aparte del gobernador, se encuentra el alcalde con licencia de la capital de Sinaloa (Culiacán), Juan de Dios Gámez, el senador oficialista Enrique Inzunza o antiguos responsables del gobierno estatal.
Ante esta situación, las autoridades ejecutaron la inmovilización preventiva de los recursos bancarios, con el objetivo de «proteger la integridad del sistema financiero nacional».
«La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo», subrayó la Secretaría de Hacienda.
En este sentido, las autoridades mexicanas se encuentran «analizando diversa información y documentación relacionada» con las personas señaladas.
En su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió que es una medida «preventiva» y «automática» derivada de una orden de aprehensión en Estados Unidos.
“No es que la UIF esté investigando al gobernador”, afirmó, al explicar que los bancos mexicanos, por su relación con instituciones financieras estadounidenses, adoptan medidas preventivas que activan mecanismos automáticos de la UIF.
De los 10 funcionarios que Washington reclama, dos se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exfuncionario de Finanzas del mismo estado.
Por su parte, el Ejecutivo mexicano considera que la petición de Estados Unidos de detención urgente no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del Cartel de Sinaloa, en concreto de la facción de Los Chapitos, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
