Santo Domingo.– El exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, afirmó que las propias estadísticas oficiales no guardan coherencia con el discurso del Gobierno sobre la reducción de la pobreza, al mostrar que cerca de cuatro de cada diez hogares dominicanos continúan recibiendo ayuda alimentaria del Estado.

En un artículo titulado “El chiste se cuenta solo”, Alburquerque sostiene que las cifras divulgadas por las propias instituciones gubernamentales evidencian una inconsistencia entre el relato oficial sobre la disminución de la pobreza y la cantidad de familias que dependen de los programas de asistencia social para cubrir necesidades básicas.

El exvicepresidente recordó que el Gobierno ha sostenido que más de un millón de dominicanos salió de la pobreza y que ese avance permitió que la República Dominicana dejara de formar parte del mapa mundial de la subalimentación elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al reducir la prevalencia de personas con subalimentación por debajo del 2.5 % de la población.

No obstante, sostuvo que esas afirmaciones contrastan con las propias cifras oficiales sobre los programas sociales. Según explicó, alrededor de 1.5 millones de hogares reciben mensualmente la transferencia del programa Aliméntate, aproximadamente 1.3 millones son beneficiarios del Bono Gas y más de medio millón recibe el Bono Luz. A ello se suma la distribución de 10 millones de raciones de alimentos durante el mes de diciembre en los últimos dos años.

Añadió que, tomando como referencia los cerca de 3.9 millones de hogares existentes en el país, los beneficiarios del programa Aliméntate representan aproximadamente el 38.5 % de los hogares dominicanos; en otras palabras, cerca de cuatro de cada diez hogares reciben asistencia alimentaria del Estado. A su juicio, esa proporción obliga a revisar el discurso oficial sobre la reducción de la pobreza.

“Si la pobreza disminuyó y la subalimentación afecta a una fracción reducida de la población, ¿por qué una proporción tan elevada de hogares continúa necesitando apoyo para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, el gas para cocinar o el pago de la electricidad?”, cuestionó.

El dirigente político agregó que las propias estadísticas oficiales muestran que, mientras las estimaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sitúan en torno a medio millón el número de hogares en condición de pobreza, alrededor de 1.5 millones reciben transferencias para la compra de alimentos. A su entender, esa diferencia evidencia una contradicción que merece una explicación por parte de las autoridades.

En su análisis, el exvicepresidente plantea tres posibles explicaciones para esa situación. La primera es que un número importante de familias haya superado la línea oficial de pobreza, pero continúe sin generar ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, lo que demostraría que abandonar las estadísticas de pobreza no equivale necesariamente a alcanzar condiciones de vida dignas.

La segunda posibilidad, explicó, es que los padrones de beneficiarios no estén debidamente actualizados y permanezcan incluidos en ellos hogares cuya situación económica ya no justificaría recibir esos apoyos, reflejando deficiencias en la focalización y administración del gasto social.

Asimismo, advirtió sobre una tercera hipótesis que calificó como políticamente más delicada: que la expansión de las transferencias sociales responda a una lógica de dependencia y clientelismo, más que exclusivamente a criterios de vulnerabilidad.

Ante ese panorama, el exvicepresidente consideró indispensable transparentar la información relacionada con los programas sociales.

“Es indispensable que el Gobierno publique información sobre la composición de los padrones, la condición socioeconómica de los beneficiarios y, sobre todo, el número de familias que cada año abandonan la pobreza porque lograron mejorar su condición económica”, expresó.

A su juicio, una política social exitosa debe medirse por su capacidad para que las familias alcancen autonomía económica y dejen de depender de las transferencias estatales, y no por el incremento permanente del número de beneficiarios.

Para el exvicepresidente de la República, mientras cerca del 38 % de los hogares dominicanos continúe recibiendo ayuda alimentaria del Estado, las propias cifras oficiales plantean interrogantes sobre la correspondencia entre los indicadores de reducción de la pobreza y la realidad que reflejan los programas de asistencia social.