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PLD denuncia colapso del sector arrocero por exceso de importaciones y ausencia de políticas públicas eficaces

Santo Domingo, R.D.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes la grave crisis que afecta al sector arrocero nacional, causada por el aumento desmedido de las importaciones y la falta de políticas eficaces por parte del gobierno actual, lo que ha puesto en riesgo la producción nacional y los ingresos de miles de familias productoras.

La denuncia fue realizada durante una rueda de prensa encabezada por Luis Yanguela, presidente provincial del PLD en Duarte, quien estuvo acompañado del exministro de Agricultura, Ángel Estévez; el miembro del Comité Central, Winston Marte; y decenas de productores de arroz de distintas regiones del país.

“El arroz no es un producto cualquiera en la República Dominicana. Es la base de la alimentación diaria del pueblo y el sustento de más de 33 mil productores distribuidos en 21 provincias”, afirmó Yanguela, al destacar el impacto social y económico que representa este cultivo para la nación.

Durante los gobiernos del PLD, el sector recibió un respaldo sostenido que permitió el desarrollo de nuevas variedades de arroz, la rehabilitación de caminos vecinales y el dragado del río Yuna para mitigar inundaciones, todo en un contexto de más de ocho años de estabilidad y crecimiento. En cambio, la situación actual refleja un deterioro sin precedentes.

De acuerdo con datos presentados, las importaciones de arroz pasaron de 495,872 quintales en 2019 a más de 4.7 millones en 2024, saturando los inventarios de molinos y factorías, e impidiendo la colocación de la producción nacional. Además, el valor de estas importaciones aumentó de USD 9.7 millones a USD 154.5 millones en el mismo período, lo que representa un alza de casi 1,500 %, ampliando el déficit comercial agropecuario.

Yanguela cuestionó a quién beneficia esta política de importación indiscriminada. “No es al pueblo, que hoy paga una libra de arroz selecto a 47 pesos, frente a los 26 que costaba en 2019. Un aumento superior al 80 % que impacta de lleno la canasta básica familiar”, denunció.

Ante esta situación, el PLD planteó una serie de medidas urgentes para frenar el deterioro del sector. Estas incluyen establecer controles efectivos a las importaciones, reactivar las subastas públicas como mecanismo transparente para asignar permisos, garantizar la estabilidad de los precios bajo la supervisión de la Comisión Nacional Arrocera y fortalecer el sistema de pignoración para asegurar la recepción y pago oportuno de las cosechas.

Asimismo, el partido propuso la creación de un acuerdo tripartito entre productores, industriales y autoridades, auspiciado por la Comisión Nacional Arrocera, con el objetivo de garantizar la recepción de la segunda cosecha del año y consolidar la estabilidad del sector.

“El PLD reitera su firme compromiso con los hombres y mujeres que cultivan el futuro de la República Dominicana. No están solos. Seguiremos a su lado, defendiendo sus derechos y trabajando junto a ellos para convertir sus aspiraciones en realidad”, concluyó Yanguela.

Fuerza del Pueblo avanza en etapa de revisión tras inscripción de 2,228 aspirantes a cargos internos

Santo Domingo. – La Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo (FP) informó que, tras concluir la etapa de inscripción de aspirantes a los cargos internos, se inicia el proceso de revisión, validación y publicación de los dirigentes que participarán en las elecciones internas programadas para el 3 de agosto.

La fase de inscripción se desarrolló desde el jueves 10 al domingo 13, y ahora, desde el 14 al 19, continúa la siguiente etapa.

“Estamos justamente ahora en la etapa de revisión de los compañeros inscritos durante esos cuatro días; luego agotaremos el ciclo de revisión de impugnaciones que puedan surgir, como establece el reglamento del Congreso, para posteriormente publicar el listado final de inscritos en todos los niveles de elección que van el día 3 de agosto de este año”, precisó Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral de la FP.

El dirigente detalló que 2,228 dirigentes se inscribieron para optar por las posiciones internas del partido. “La Comisión Nacional Electoral informa que los compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo que se inscribieron como aspirantes a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo en el nivel territorial y en el nivel nacional, son unos 2,054 dirigentes”.

En ese mismo sentido, Merán dijo que, “para presidencias territoriales, de acuerdo a las que van a ser sometidas a elección el 3 de agosto, se inscribieron 174 compañeros y compañeras dirigentes del partido, para un total de inscritos que van a poder, en principio, sujeto a revisión, participar en el proceso: 2,228 compañeros dirigentes de la Fuerza del Pueblo”.

En cuanto a las plazas disponibles, Merán explicó: “Al día de hoy, repetimos, 2,228 compañeros y compañeras dirigentes se inscribieron para optar por 610 plazas de la Dirección Central: 183 en el nivel nacional y 427 en el nivel territorial. Y en el nivel de presidencias del partido en los diferentes territorios, 74 posiciones están sometidas a elección para el próximo 3 de agosto”.

Merán calificó el proceso como altamente participativo: “Fue una participación extraordinaria. Todos los medios de comunicación recogieron las incidencias de ese proceso; el pueblo dominicano vio cómo el partido, en la Casa Nacional de la Avenida Bolívar con Dr. Báez y en toda la provincia y circunscripción del país, a través de las comisiones territoriales electorales, recibió la inscripción y los documentos de los compañeros aspirantes. Justamente informamos al pueblo dominicano, en el día de hoy, el número de preinscritos en esos cuatro días”.

 

 

Abinader dice no todos los funcionarios tienen que ser del PRM y Magín Díaz es un tecnócrata capaz

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SANTO DOMINGO.-El presidente de la República, Luis Abinader, fue cuestionado por la designación del nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, y que muchas personas entienden no debe ser parte del Gobierno porque no pertenece al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En la Semanal con la Prensa, Abinader recordó que Magín Díaz fue subsecretario de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, durante el gobierno del expresidente de la República, Hipólito Mejía, y replicó las palabras del también exmandatario Danilo Medina, de que el funcionario es un tecnócrata.

Abinader dijo que es el presidente de todos los dominicanos y si una persona tiene conocimientos y es importante, no tiene que ser un miembro del PRM ni está prohibido su nombramiento en el tren gubernamental.

El gobernante recalcó que se está utilizando a una persona capaz, en relación a Magín Díaz, y descartó que su nombramiento esté relacionado a la presentación de otra reforma fiscal por parte del Gobierno.

“No tenemos planes especiales, solo seguir trabajando”, respondió el presidente Abinader ante las preguntas de la prensa.

Magín J. Díaz, es designado este martes como Ministro de Hacienda, mediante el decreto 386-25, en sustitución de José Manuel (Jochy) Vicente, quien presentó renuncia a la posición.

El economista y académico cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Inicio su carrera pública como sub secretario de Estado de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, posteriormente, se desempeñó como viceministro de Política Fiscal (2012–2013) y de Crédito Público (2013–2016), siendo una de las figuras técnicas clave en los procesos de reformas y en negociaciones con organismos multilaterales. Fue además, director general de Impuestos Internos entre 2016 y 2020.

Además de su experiencia en funciones ejecutivas, Díaz ha sido asesor de instituciones como el Ministerio de Economía, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos y el Congreso Nacional, así como de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), donde aportó en temas de sostenibilidad macroeconómica y regulación fiscal.

Jueza otorga plazo al Ministerio Público para presentar acusación en Operación Camaleón

Santo Domingo.- La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, otorgó este lunes una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para presentar la acusación formal contra los implicados en la Operación Camaleón entre ellos Hugo BerasGoico y Gómez. El nuevo plazo vence el próximo 8 de octubre.

La solicitud fue hecha por el órgano acusador con el fin de concluir las investigaciones sobre un presunto fraude al Estado, vinculado a contratos irregulares para la instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo, mediante una licitación pública en la que se adjudicaron más de 1,317 millones de pesos.

Los acusados son Hugo Beras Goico, ex director del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.

Pero, ¿de qué se les vincula?

Hugo Beras Goico Ramírez es definido por el Ministerio Público como el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia”.

Y señala que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico “dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas”.

«Se trata de un proceso con delitos graves, en el cual están incluidos la estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo”, añadió Wilson  Camacho, director de Persecución.

 

 

Presidente Abinader dice Jardín Botánico no será tocado; anuncia ampliación de 20,000 m²

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Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que el proyecto relacionado con el Jardín Botánico Nacional ha sido el primero en el que “la población se opone sin conocerlo”.

Durante su encuentro semanal con la prensa, La Semanal, el mandatario aseguró que no se va a tocar el Jardín Botánico, sino que, por el contrario, se le agregarán 20,000 metros cuadrados de espacio adicional.

Estas declaraciones surgen en medio de inquietudes expresadas por diversos sectores sociales y ambientales que temen una posible reducción del área protegida.

 

Amaprosado llama a convocar nuevo diálogo tripartita sobre el proyecto de código laboral; Olga Payero asume nueva directiva de esa entidad

*Amaprosado llama a convocar nuevo diálogo tripartita sobre el proyecto de código laboral; Olga Payero asume nueva directiva de esa entidad*

SANTO DOMINGO.-Asociación de Mayoristas en provisiones de Santo Domingo inc. (Amaprosado) hizo un llamado este domingo a que los diferentes sectores vuelvan a sentarse en la mesa del diálogo para tratar la reforma al Código Laboral, bajo el argumento de que de aprobarse el proyecto que se discute en el Congreso Nacional tal y como está afectaría al sector comercial y provocaría el fomento de la informalidad.

Andrés Cosma, presidente saliente de Amaprosado y Olga Payero, la nueva ejecutiva de la entidad, consideraron que antes de aprobar el proyecto de código laboral tanto el sector empleador como los sindicatos y el gobierno deben estar en una nueva mesa tripartita para buscar el mayor consenso posible respecto a esta normativa.

“Lo que va a ocurrir es que nuestro país, que ronda entre un 54 a un 57 por ciento de informalidad, habrá un incremento, y lo veremos en los próximos años de ser aprobada así, veremos que rondará posiblemente entre el 58 y el 60 por ciento la informalidad, lo que va en detrimento del Estado”, dijo Cosma al hablar con los medios de comunicación luego del acto de juramentación de la nueva presidenta de Amaprosado.

De su lado, Olga Payero destacó que como entidad entienden que es posible reformar la parte relativa a la cesantía cambiándola por un seguro de desempleo o seguro laboral.

“Para evitar que se incremente la informalidad es preciso y necesario que ese código laboral se reforme colocando un seguro de desempleo y no como está actualmente”, manifestó.

Cosma también consideró que de mantenerse la cesantía como está y no cambiarla por un seguro de desempleo se estaría aprobando una normativa de 1992, manteniendo al país desfasado en esa parte.

“Ese modelo, que lo tienen muchos países de la región, nosotros debemos implementarlo, donde el seguro de desempleo permita que el trabajador, pues pueda cobrar durante esos meses que está desempleado, sin afectar sus derechos adquiridos. Nosotros, como institución, entendemos que nunca debe afectarse los derechos adquiridos del trabajador. Sin embargo, esa modalidad de cesantía debe ser cambiada por un seguro de desempleo”, indicó.

Agregó que mientras el país va en crecimiento, pues los legisladores están colocándose de lado y están permitiendo que esa ley que fue consensuada y modificada en 1992 se quede igual.

*Se oponen a proyecto modifica Ley de Residuos Sólidos*

Olga Payero, nueva presidenta de Amaprosado, también mostró este domingo su oposición al proyecto que modifica la Ley 225-20 o Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, bajo el argumento de que de ser aprobado aumentaría la informalidad de las empresas en el país afectando, además, al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La dirigente consideró que de aprobarse el nuevo proyecto de ley es seguro que pequeñas y medianas empresas verían amenazadas su existencia, porque “no hay sostenibilidad para esa ley”.

Al respecto, Cosma sostuvo que el proyecto que ahora establecería modificaciones a la ley de residuos sólidos, la cual está vigente desde el 2020, se trata de una propuesta dracónica y desfasada que no cuenta con el consenso de los sectores involucrados.

“Es una ley draconiana muy fuerte, que de aprobarse, lamentablemente esa ley de desechos sólidos, señoras y señores, de aprobarse esa ley, la informalidad que tendrá nuestro país con empresas, microempresas saliendo de la formalidad va a ser algo increíble y en los próximos años esa carga caerá sobre los hombros de los legisladores”, dijo.

Cosma agregó que no solo ocurre con la ley de residuos, sino que también con el código laboral, los legisladores están aprobando leyes sin un consenso adecuado.

“Es lamentable decirlo, porque el Poder Legislativo es el más llamado a fomentar leyes que beneficien al país y beneficien a la población. Y ahora vemos que no lo están haciendo”, indicó.

*Juramentación de Amaprosado*

Este domingo fue juramentada la nueva directiva de Amaprosado, que estará encabezada por Olga Payero como la nueva presidenta.

Al tomar posesión del cargo, Payero dijo que su gestión se enfocará en la transformación digital, el conocimiento empresarial y en el relevo generacional.

Dijo que Amaprosado promoverá la digitalización de procesos, la adopción de nuevas plataformas de comercialización, se implementará un plan de formación continua para los asociados y se impulsará la integración activa de los jóvenes al liderazgo gremial.

“Para mí es un honor tomar las riendas de esta institución. Las expectativas son bien altas, aquí hay un equipo de trabajo que vamos a continuar implementando todos esos procesos, esos relevos, esas cosas que hemos venido por años estructurando aquí desde esta institución. Pues ahora nosotros vamos a continuar”, destacó.

Sobre la juramentación de Payero, el presidente saliente de Amaprosado dijo que la actividad es una demostración más de la democracia institucional en esa entidad.

“Y aquí estamos, de un trabajo arduo durante cuatro años, pasando la antorcha a la tercera mujer que va a dirigir los destinos de la Asociación de Mayoristas en Provisiones en Santo Domingo, con la fiesta de lo democracia”, destacó Cosma.

*Reconocimientos*

En la actividad fue entregada una placa de reconocimiento a Julián Antonio Parra como presidente Advitaem de Amaprosado.

También fue reconocido con un homenaje Andrés Cosma, presidente saliente, quien dirigió la institución durante dos periodos consecutivos en los que se caracterizó por modernizar procesos internos, fortalecer la representación institucional de los mayoristas y consolidar alianzas estratégicas.

Cosma recibió una placa de reconocimiento en honor a su destacada labor, entrega y liderazgo al frente de esa institución “dejando una huella imborrable de compromiso, progreso y fortalecimiento” y por “permanecer durante dos periodos al frente de la institución dejando negocios y todo a un lado”.

*Invitados*

A la actividad de juramentación asistieron autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, entre ellos los viceministros Ramón Fermín (Comercio Interno) y Jorge Morales (Fomento a las Mipymes); así como líderes empresariales y representantes gremiales, entre estos Alberto Leroux, presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Rafael Feliz García, director del Instituto Tecnológico de las Américas (Itla); entre otros.

Video| FP denuncia el Gobierno del PRM gasta casi 4 mil millones en pensiones especiales sin justificación

 

FP denuncia el Gobierno del PRM gasta casi 4 mil millones en pensiones especiales sin justificación

Exigen se explique los criterios utilizados para otorgar 11,007 pensiones sin aval

Santo Domingo, RD. – La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dispuesto, entre los años 2021 y 2024, 318 decretos presidenciales para la asignación de pensiones especiales sin justificación legal, beneficiando a 11,007 personas y generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a RD$3,925,955,796.

El pronunciamiento fue realizado por Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por un equipo de vicesecretarios y abogados de la organización. Martínez sostuvo que el hallazgo se desprende de un estudio minucioso que analizó todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en este período, evidenciando una práctica que calificó como abusiva, discrecional y contraria al marco normativo.

De acuerdo con el informe, la Ley 379-81, que establece el régimen de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos, limita este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad y tiempo de servicio. Si bien otorga al Presidente la facultad de conceder pensiones en casos de incapacidad médica, cualquier otra situación no contemplada por la ley debe ser aprobada por el Congreso Nacional, tal como lo indica su artículo 10. “El Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho, y sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en la práctica”, enfatizó Martínez, subrayando que se trata de una violación a la normativa vigente.

Para dimensionar el alcance de esta política, el documento revela que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado. Por ejemplo, el gasto supera lo que recibirá en 2025 el Ministerio de Trabajo, que cuenta con RD$3,023 millones, y también excede con holgura la asignación del Ministerio de Administración Pública, estimada en RD$2,714 millones. Incluso, es más del triple de lo presupuestado para el Ministerio de la Mujer, que apenas dispone de RD$1,254 millones, y quintuplica lo destinado al Ministerio de la Juventud, que recibirá RD$754 millones.

La magnitud del dispendio es aún más evidente cuando se compara con los recursos asignados a órganos constitucionales de alta relevancia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de RD$1,900 millones para el próximo año, mientras que la Cámara de Cuentas apenas alcanza los RD$1,524 millones. El Tribunal Superior Electoral, con RD$1,193 millones, y la Oficina Nacional de Defensa Pública, con RD$836 millones, quedan también por debajo de los casi 4 mil millones destinados a estas pensiones. Incluso el Defensor del Pueblo, pieza fundamental para garantizar los derechos ciudadanos, contará con solo RD$375 millones, lo que evidencia un marcado desbalance en las prioridades del gasto público.

Más allá del ámbito institucional, la denuncia adquiere mayor gravedad al contrastar el gasto en pensiones especiales con programas sociales y de salud que impactan directamente en la vida de la población. Con el dinero destinado a estas pensiones, se podría financiar varias veces la detección y tratamiento del cáncer, que dispone de apenas RD$427 millones, o cubrir sobradamente la prevención y atención de la tuberculosis, cuyo presupuesto es de RD$235 millones. Incluso, se podrían ampliar significativamente los programas de prevención del VIH-SIDA, que cuentan con RD$1,737 millones, y los planes de alfabetización en el nivel primario, que suman RD$1,832 millones.

Asimismo, esta cifra supera con amplitud los fondos asignados a la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, que apenas llegan a RD$1,052 millones, y los esfuerzos de salud materno-neonatal, que reciben RD$2,180 millones. También rebasa los recursos destinados a proyectos esenciales para la seguridad alimentaria, como el fomento de la producción agrícola, presupuestado en RD$2,452 millones, y el desarrollo de infraestructura vial, que tiene asignados RD$3,547 millones, situando este gasto discrecional por encima de obras estratégicas para la movilidad y el desarrollo económico.

“Estamos ante un desorden fiscal disfrazado de política social, que crea privilegios irritantes y compromete recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios”, denunció Martínez, advirtiendo que esta práctica no solo representa una amenaza para la sostenibilidad financiera del país, sino que refleja un preocupante orden de prioridades por parte del Gobierno.

El dirigente de la FP señaló, además, que los decretos que otorgan estas pensiones revelan un marcado tinte político. “En muchos casos, estas pensiones se conceden por solicitud expresa de dirigentes del PRM. El decreto 425-21, por ejemplo, menciona que los beneficiarios fueron propuestos por un senador oficialista, mientras que el decreto 273-21 indica que las pensiones se otorgaron a petición de un alcalde del partido de Gobierno”, sostuvo. En su opinión, esto evidencia que las pensiones especiales se han convertido en una herramienta clientelar y electoral.

Finalmente, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno explicar los criterios utilizados para otorgar estas pensiones, detener la práctica y rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos. “El pueblo dominicano merece saber cómo se gasta su dinero. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir transparencia en cada centavo de los fondos públicos”, concluyó Martínez.

Fuerza del Pueblo denuncia el Gobierno del PRM gasta casi 4 mil millones en pensiones especiales sin justificación

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Santo Domingo, RD. – La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dispuesto, entre los años 2021 y 2024, 318 decretos presidenciales para la asignación de pensiones especiales sin justificación legal, beneficiando a 11,007 personas y generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a RD$3,925,955,796.

El pronunciamiento fue realizado por Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por un equipo de vicesecretarios y abogados de la organización. Martínez sostuvo que el hallazgo se desprende de un estudio minucioso que analizó todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en este período, evidenciando una práctica que calificó como abusiva, discrecional y contraria al marco normativo.

De acuerdo con el informe, la Ley 379-81, que establece el régimen de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos, limita este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad y tiempo de servicio. Si bien otorga al Presidente la facultad de conceder pensiones en casos de incapacidad médica, cualquier otra situación no contemplada por la ley debe ser aprobada por el Congreso Nacional, tal como lo indica su artículo 10. “El Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho, y sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en la práctica”, enfatizó Martínez, subrayando que se trata de una violación a la normativa vigente.

Para dimensionar el alcance de esta política, el documento revela que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado. Por ejemplo, el gasto supera lo que recibirá en 2025 el Ministerio de Trabajo, que cuenta con RD$3,023 millones, y también excede con holgura la asignación del Ministerio de Administración Pública, estimada en RD$2,714 millones. Incluso, es más del triple de lo presupuestado para el Ministerio de la Mujer, que apenas dispone de RD$1,254 millones, y quintuplica lo destinado al Ministerio de la Juventud, que recibirá RD$754 millones.

La magnitud del dispendio es aún más evidente cuando se compara con los recursos asignados a órganos constitucionales de alta relevancia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de RD$1,900 millones para el próximo año, mientras que la Cámara de Cuentas apenas alcanza los RD$1,524 millones. El Tribunal Superior Electoral, con RD$1,193 millones, y la Oficina Nacional de Defensa Pública, con RD$836 millones, quedan también por debajo de los casi 4 mil millones destinados a estas pensiones. Incluso el Defensor del Pueblo, pieza fundamental para garantizar los derechos ciudadanos, contará con solo RD$375 millones, lo que evidencia un marcado desbalance en las prioridades del gasto público.

Más allá del ámbito institucional, la denuncia adquiere mayor gravedad al contrastar el gasto en pensiones especiales con programas sociales y de salud que impactan directamente en la vida de la población. Con el dinero destinado a estas pensiones, se podría financiar varias veces la detección y tratamiento del cáncer, que dispone de apenas RD$427 millones, o cubrir sobradamente la prevención y atención de la tuberculosis, cuyo presupuesto es de RD$235 millones. Incluso, se podrían ampliar significativamente los programas de prevención del VIH-SIDA, que cuentan con RD$1,737 millones, y los planes de alfabetización en el nivel primario, que suman RD$1,832 millones.

Asimismo, esta cifra supera con amplitud los fondos asignados a la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, que apenas llegan a RD$1,052 millones, y los esfuerzos de salud materno-neonatal, que reciben RD$2,180 millones. También rebasa los recursos destinados a proyectos esenciales para la seguridad alimentaria, como el fomento de la producción agrícola, presupuestado en RD$2,452 millones, y el desarrollo de infraestructura vial, que tiene asignados RD$3,547 millones, situando este gasto discrecional por encima de obras estratégicas para la movilidad y el desarrollo económico.

“Estamos ante un desorden fiscal disfrazado de política social, que crea privilegios irritantes y compromete recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios”, denunció Martínez, advirtiendo que esta práctica no solo representa una amenaza para la sostenibilidad financiera del país, sino que refleja un preocupante orden de prioridades por parte del Gobierno.

El dirigente de la FP señaló, además, que los decretos que otorgan estas pensiones revelan un marcado tinte político. “En muchos casos, estas pensiones se conceden por solicitud expresa de dirigentes del PRM. El decreto 425-21, por ejemplo, menciona que los beneficiarios fueron propuestos por un senador oficialista, mientras que el decreto 273-21 indica que las pensiones se otorgaron a petición de un alcalde del partido de Gobierno”, sostuvo. En su opinión, esto evidencia que las pensiones especiales se han convertido en una herramienta clientelar y electoral.

Finalmente, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno explicar los criterios utilizados para otorgar estas pensiones, detener la práctica y rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos. “El pueblo dominicano merece saber cómo se gasta su dinero. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir transparencia en cada centavo de los fondos públicos”, concluyó Martínez.

Andy Dauhajre: » El 50% de hogares de mayor ingresos absorbieron dos subsidios de Supérate en 2024″

Por José Cáceres

SANTO DOMINGO.- El economista Andy Dauhajre, presidente de la Fundación Economía y Desarrollo, cuestionó este lunes en un artículo publicado en el matutino El Caribe, titulado » El costo fiscal de una “focalización complaciente», donde señala que en varios renglones de los programas sociales del gobierno, más del 50% de los hogares de mayores ingresos económicos, a los censados para esos fines, están consumiendo millones de pesos como beneficiarios

Señaló que la situación resulta todavía más inconcebible si se tiene en cuenta que el Gobierno, en 2024, a través de 132 Comedores Económicos entregó 51.6 millones de raciones cocidas, bajo un programa de subsidio “autofocalizado” donde la magnitud del error tipo II o E (sobre cobertura) es mínima, pues los miembros de hogares de ingresos medios y altos difícilmente se movilizarán a la geografía donde se recibe el subsidio. El “delivery” de los Comedores Económicos en 2024 fue 6.6 veces mayor que las 7.8 millones de raciones cocidas de 2019, año en que el número de hogares en pobreza monetaria general era mayor que en 2024.

Andy sentenció que: «Algo similar a lo ocurrido con Aliméntate lo encontramos con el Bono Gas Hogar y el Bono Luz. El 50% de los hogares de mayores ingresos, según la ENCFT del BCRD de 2024, han estado absorbiendo una parte considerable de estos dos subsidios concedidos por el Gobierno a través del Programa Supérate (anterior Solidaridad), principalmente, del Bono Gas Hogar (BGH)»-

En el caso de este último, el 53.4% de los hogares beneficiarios pertenecen al 50% de los hogares de mayores ingresos. Esto quiere decir que de los RD$7,315 millones que el Gobierno erogó para financiar este subsidio, RD$3,906 millones fueron percibidos por familias pertenecientes al 50% de los hogares de mayores ingresos; el 50% de los hogares de menores ingresos recibieron RD$3,409 millones.

En el caso de Bono Luz, que el año pasado requirió RD$4,358 millones del Gobierno, el 50.6% de los hogares beneficiados pertenecían al 50% de hogares de mayores ingresos.

Reveló que en los programas sociales en los gobiernos de Leonel Fernández,que la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) pagaba y el Programa Solidaridad atendía. Dado que la ADESS y Solidaridad no podían participar en la selección de los hogares a ser beneficiados, la concesión de los subsidios focalizados no podía ser politizada.

Con ello, Andy hizo una comparación de las gestiones del PLD, gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, con la del presidente Luis Abinader, en cuanto a la eficacia de los programas sociales.

Dijo que a través del decreto 426-07 del 18 de agosto de 2007, se creó oficialmente el SIUBEN, adscrito al Gabinete, de Coordinación de la Política Social, con la función de identificar, caracterizar, registrar y priorizar a las familias dominicanas en condición de pobreza.

Sentenció que para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, se conformó un trípode en materia de selección, pago y atención de los subsidios con independencia y autonomía de las entidades y programas participantes: el SIUBEN seleccionaba; la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) pagaba y el Programa Solidaridad atendía. Dado que la ADESS y Solidaridad no podían participar en la selección de los hogares a ser beneficiados, la concesión de los subsidios focalizados no podía ser politizada.

«Por alguna razón, esa separación y autonomía entre las entidades encargadas de seleccionar los beneficiarios, pagar a los proveedores y atender a los beneficiarios del programa en las comunidades, se ha ido erosionando a través del tiempo y hoy estamos pagando el costo fiscal en que se incurre cuando se ingresa al terreno de la cobertura excesiva y se retorna gradualmente a la geografía de los subsidios generalizados», afirmó Dauhajre en su artículo que lo publica cada lunes en ese medio de comunicación.

Expuso que el programa Supérate y su principal componente, Aliméntate (anteriormente, “Comer es Primero”). Durante 2015-2019, ese programa permitía a los hogares beneficiados adquirir a través de la Tarjeta Solidaridad hasta RD$825 mensuales en compra de alimentos dentro de la Red de Abasto Social conformada por los comercios afiliados.

Indicó que a partir de abril 2020, el monto del subsidio focalizado fue aumentado de RD$825 a RD$5,000 mensuales (hasta abril de 2021), en el marco del programa “Quédate en casa” ejecutado por la administración Medina y continuado por la de Abinader para romper la cadena de contagio del COVID-19. A partir de mayo de 2021, el monto fue ajustado a RD$1,650 mensuales.

«El año pasado, el Gobierno desembolsó RD$27,170 millones por concepto del subsidio Aliméntate, 3.25 veces los RD$8,353 millones que se destinaron en 2019. Este aumento significativo se originó no solo por la duplicación del monto del subsidio mensual, sino también, por el aumento de 583,854 hogares beneficiarios que tuvo lugar entre 2019 y 2024, los cuales pasaron de 802,898 hogares en 2019 a 1,386,852 el año pasado», agregó.

Narró que el aumento de los beneficiarios registrados por la ADESS podría justificarse entre 2019 y 2024, si y solo si, la incidencia de la pobreza multidimensional extrema (ICV1) y moderada (ICV2) en el país, que afectaba a 790,035 hogares en 2019, hubiese aumentado de manera considerable en los últimos 5 años.

«Sin embargo, las estimaciones de pobreza monetaria general realizadas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) indican que mientras en 2019 el país tenía 831,514 hogares viviendo en la pobreza monetaria general, en 2024 el número de hogares pobres se había reducido a 673,736. Uno pensaría que una dinámica parecida debió haber exhibido la pobreza multidimensional extrema y moderada (ICV1 + ICV2)», insistió.

Ministro de Trabajo asegura hay consenso para aprobar Reforma Laboral

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Santo Domingo.– El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró este lunes que se han logrado importantes avances en el proceso de reforma al Código Laboral, y que ya existe consenso sobre varios de los puntos que previamente generaron reparos entre los gremios empresariales.

Olivares explicó que se ha estado trabajando para resolver las observaciones presentadas por el sector empresarial, y que actualmente los esfuerzos se enfocan en asegurar que todos los temas previamente consensuados queden correctamente incorporados en el proyecto final.

“Ahora de lo que se trata es de tomar en cuenta fundamentalmente todo lo que fue consensuado, cualquier tipo de deslizamiento que se haya producido o tema no incorporado, precisamente la conversación versa sobre eso”, declaró el funcionario.

Entre los aspectos más relevantes ya acordados, el ministro mencionó la bonificación para trabajadores de las Zonas Francas y la creación de la figura del juez conciliador.

Olivares también resaltó la voluntad política de los principales actores del sistema legislativo para avanzar con esta reforma.

“Existe la voluntad de todos los actores, y sobre todo del Senado de la República, en la persona de su presidente Ricardo de los Santos, así como de la Cámara de Diputados, representada por Alfredo Pacheco”, indicó.

Ambas cámaras estarían listas para conocer y aprobar la reforma tan pronto se apruebe en segunda lectura en el Senado, con el objetivo de que sea sancionada antes de que concluya la actual legislatura.