Santo Domingo.- En la República Dominicana, el discurso oficial sostiene que la Policía Nacional protege la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Sin embargo, las cifras de muertos en supuestos intercambios de disparos revelan una realidad dolorosa: en los últimos cinco años, casi 800 personas han perdido la vida a manos de la Policía o de fuerzas de seguridad del Estado. Cada número encierra un rostro, una familia, un vacío.

El repunte es alarmante. De acuerdo con los anuarios de muertes accidentales y violentas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cantidad de personas fallecidas por “acción policial o militar” muestra una tendencia ascendente desde 2021: 2021: 77 muertes; 2022: 139 muertes; 2023: 178 muertes; 2024: 227 muertes; 2025 (enero-septiembre): 170 muertes (−25 % vs. 2024, pero 18 más que en el mismo período del año anterior).

En apenas cuatro años, los fallecidos se triplicaron, pasando de 77 en 2021 a 227 en 2024. Detrás de estos números se esconde una verdad incómoda: la violencia policial no es un hecho aislado, sino un patrón que se repite.

Según el desglose de la ONE, las provincias más golpeadas por estas acciones —de acuerdo con el anuario 2022— son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Espaillat y Duarte. Es decir, los principales polos urbanos concentran la mayor cantidad de ejecuciones, allí donde más visible debería ser el respeto a la legalidad.

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, expresó que “el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales, especialmente el cumplimiento del artículo 37, que reconoce la inviolabilidad de la vida. Asimismo, el artículo 69 asegura el debido proceso y el derecho a la defensa. Estos derechos se refuerzan en tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4 y 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 6 y 14).”

Cuando agentes del orden matan a un ciudadano y lo justifican como un “intercambio de disparos” sin una investigación imparcial, no solo se viola la presunción de inocencia, sino que el Estado incurre en responsabilidad internacional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), establece que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda ejecución extrajudicial. La impunidad equivale a otorgar licencia para matar.

Valentín Santos reconoció que dentro de la Policía Nacional existen hombres y mujeres que trabajan con honor, entrega e integridad. “Pero también es cierto que las llamadas ‘manzanas podridas’ no son simples excepciones: reflejan un problema estructural de formación, valores y control interno. Por eso cabe la pregunta: ¿reforma o simulacro por parte de la PN?”

En septiembre de 2025, el asesinato de cinco jóvenes en Santiago estremeció a la opinión pública. La presión social provocó una reacción inmediata: suspensión de los agentes involucrados y apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, Valentín Santos advirtió: “La pregunta persiste: ¿cuántos otros casos no llegan a los titulares, ni a los tribunales?”

El director enfatizó que “la visión concreta debe ser hacia una política pública de dignidad. Las autoridades no deben limitarse a apagar incendios cada vez que un caso se viraliza. Urge una política integral que: 1) investigue de forma independiente cada muerte atribuida a agentes por uso desmedido de la fuerza; 2) fortalezca la formación en derechos humanos, gestión de conflictos y uso proporcional de la fuerza; 3) implemente sistemas de control civil y transparencia en las estadísticas; y 4) promueva valores de empatía y humanidad, recordando que portar un uniforme no autoriza a disponer de la vida ajena.”

Valentín Santos añadió: “El Estado de derecho no se mide por discursos, sino por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. Cuando un joven cae bajo las balas de quienes debieron protegerlo, se erosiona la confianza en la justicia, se debilita la democracia y se alimenta la desesperanza.”

El director de la Defensa Pública subrayó: “Este no es un asunto de antisociales ni de ‘limpieza social’. Es un asunto de dignidad humana. Como sociedad, no debemos naturalizar la violencia ni justificar las muertes extrajudiciales. Hoy fueron ellos; mañana puede ser cualquiera que nada tenga que ver con actos delictivos, como ya ha sucedido en casos anteriores.”

Finalmente, Valentín Santos expresó que “la voz que se levanta desde la Oficina Nacional de Defensa Pública no es de confrontación, sino de auxilio: que la Policía Nacional no desacredite el Estado de derecho, que no invisibilice los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos. Que no quede como la respuesta que un padre le dio a su hijo cuando le preguntó: ‘Papá, si los policías matan a todos los delincuentes, ¿quiénes quedarán vivos?’. El padre respondió: ‘los asesinos’.”

La Policía Nacional está en la obligación de cumplir con la misión establecida en el artículo 5.1 de su Ley Orgánica (Ley 590-16): “…tiene por misión proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas”. Por lo tanto —concluyó el director— “debe procurar ser más humana, empática y formada en principios y valores. Que el Estado asuma su responsabilidad y que la vida vuelva a ser inviolable, sin excusas ni excepciones.”