Santo Domingo,- El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, dijo creer que muchas autoridades tenían conocimientos previos de lo que estaba sucediendo en el Seguro Nacional de Salud y pretendieron ocultarlos porque pensaron que eso se iba a quedar así.

Hernández Peguero advirtió que varias instituciones estatales, entre ellas las que tienen el papel de controlar y fiscalizar, deben responder por el escándalo que se ha destapado en el Servicio Nacional de Salud.

El jurista alertó sobre las versiones según las cuales desde el Palacio Nacional había personas protegiendo lo que estaba sucediendo en la ARS Pública, y dijo que quisiera imaginar que ya el presidente Luis Abinader, a quien definió como un hombre honesto, podría haberlo detectado y, siendo así, deberá tomar decisiones, independientemente de las actuaciones que lleve a cabo la Procuraduría General de la República.

El reconocido jurista dijo que la pregunta que todo el mundo debe hacerse es dónde están los funcionarios e instituciones que tienen como misión supervisar y fiscalizar a Senasa.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el profesional del derecho dijo que entre esas instituciones se encuentran la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas y el Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Agregó que hay un grupo de funcionarios que tienen atribuciones específicas, y no es posible que no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, a cinco años de que el escándalo saliera a la luz pública.

“Es decir, ¿allí había todo un tinglado de funcionarios que tenían atribuciones específicas, y no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿A cinco años de que esto sale a la luz pública? “A partir de lo que está sucediendo en esta institución y en muchas otras, el país tiene que reclamar una revisión a quienes se eligen para esos puestos; esas personas son responsables de ocultarle las informaciones específicas sobre lo acontecido al presidente”, insistió Hernández Peguero.

Aclaró que el déficit que tiene Senasa no tiene relación con el incremento de sus afiliados sin el debido sustento económico, porque eso no fue así.

“Estamos hablando de falsedades, de informaciones que se le daban al Sisalril, entonces esa institución se conformaba con recibir esas informaciones y no auditar, no requerir los datos. ¿La Contraloría General de la República qué hizo?”, inquirió.

Reiteró en preguntar: ¿cómo usted va a permitir que se le asigne a una prestadora de salud 500 mil pacientes y se le pague miles de millones de pesos sin saber si se recibió ese servicio?

“Pero con los medicamentos ahí también pasaba algo grave, porque una cadena de farmacia tuvo un incremento vertiginoso en este gobierno; hay que recordar que la Unión de Farmacia emitió un comunicado, recientemente, en donde había denunciado ante la Sisalril y al mismo Senasa lo que estaba sucediendo”, precisó el exfiscal del distrito.

Recalcó que, “yo creo que muchas autoridades tenían conocimientos previos de lo que estaba sucediendo en Senasa y pretendieron ocultarlo y pensaron que eso se iba a quedar así”.

José Manuel Hernández Peguero indicó que, al parecer, eran muy creativos los que idearon todo ese entramado para poder hacer posibles los fraudes, porque “hoy aparece uno, mañana otro, que la farmacia, las autorizaciones de las imágenes, contrataciones de servicios privados, que desnaturalizaron en todos los sentidos lo que era el propósito de Senasa, que era fortalecer a los hospitales”.

Argumentó que la gravedad del caso es que desde la ARS pública se preparaban informes falsos a las autoridades, y eso involucra muchas personas.

José Manuel Hernández Peguero, quien fuera fiscal del Distrito Nacional, arremetió contra los acuerdos económicos que pacta el Ministerio Público con imputados que han admitido haber desfalcado el Estado con miles de millones de pesos.

“Yo creo que el Ministerio Público debería entender que el pueblo llano, cuando ve que a un imputado se le pone a pagar RD$3,000 millones, tiene la convicción de que esa persona se robó RD$20,000 millones, y se puede quedar con los RD$17,000 millones restantes”, censuró Hernández Peguero en entrevista en el programa D´Agenda.

El profesional del derecho advirtió que hay que cuidar la imagen y el buen nombre del órgano persecutor, llevándole las informaciones posibles a la población, porque hay muchos datos que no se pueden ofrecer. “Pero yo creo que en esta gestión del Ministerio Público se está pescando en el error de administrar al máximo el silencio”.

“Hay que llamar la atención sobre esos acuerdos que se están haciendo en casos de corrupción; específicamente, hay que darle la información al pueblo sobre lo acontecido y por qué se llega ahí”, insistió Hernández Peguero.

Sobre las comisiones que están cobrando los abogados que representan al Estado como actor civil en dichos expedientes, el exfiscal del distrito dijo que en un futuro gobierno habría que revisar esos casos para ver si se enmarcan en la legalidad y lo ético.

Agrega que hay que determinar mediante qué mecanismo se escogieron esos profesionales del derecho: “Yo creo que el presidente cometió ahí un desliz al establecer el pago de los honorarios a partir de cuota litis; debieron fijarles sus salarios y evitar el cuestionamiento de que ellos ganasen a partir de un porciento de lo que el corrupto le pagase al Estado dominicano por lo robado, porque para afectar ese dinero se necesita un procedimiento especial, legislativo, que no se ha hecho”.

Las ejecuciones que están cometiendo los agentes de la Policía Nacional, en los desacreditados intercambios de disparos, constituyen una de las principales causas del fracaso de la reforma policial que impulsa el presidente Luis Abinader, a juicio del exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero.

“Cuando el actual presidente nos hablaba de la reforma policial, trajo a Rudolph Giuliani de los Estados Unidos, y anunciaba al país un cambio total; a cinco años de gobierno, lo que hay es un fracaso en ese sentido, de manera específica; hablar de 175 jóvenes que han sido acribillados por la Policía Nacional es una estampa difícil de quitar cuando él deje de ser presidente”, sentenció Hernández Peguero al participar como entrevistado en el programa D´AGENDA.

Censuró que en el país no se critique la violencia impuesta desde el gobierno, en todos los gobiernos, hacia la población. “La respuesta del pueblo, además de la indignación y las quejas, es la réplica de ese tipo de actitud; no llegan a matar, pero sí llegan a la violencia, porque consideran que si desde arriba lo hacen así, los de abajo lo pueden hacer”.

“Eso tiene una gravedad en lo que es la convivencia social, es decir, cuando usted ve que la policía mata y no se le persigue, entonces usted dice: ‘Si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no puedo agredir a una mujer?’ Entender la violencia desde ese punto de vista es lo más grave de todo, y no hablemos de lo preocupante que es tener este tipo de policía”, alertó el jurista.

Hernández Peguero dijo que él advirtió que esas reformas policiales con esos mismos policías, coroneles y generales, formados bajo un orden donde no hay respeto a los derechos humanos, a la convivencia que deberían procurar, es evidente que no va a dar resultados.

“Y el gran problema, vuelvo a repetirlo, está en que quienes están matando son los policías que investigan los delitos, no son los que patrullan en las calles, es la policía de investigación, y esa policía investigativa debería estar adscrita al Ministerio Público”, aclaró.

Indicó que esa policía investigativa no tiene necesidad de andar con armas ni fusiles, sino más que todo, técnicos al servicio de la investigación, para recolectar evidencias y preparar los informes que sustenten las acusaciones de los infractores, pero eso no se quiere entender.

“No se entendió antes en los gobiernos del PLD, porque esto no es nuevo, ni se ha entendido ahora, y a partir de ahí es que se debe reformar. Lo que más deja en la Policía es la investigación; deja mucho dinero de la corrupción. La corrupción permea y entra a la Policía a través de la investigación, porque ellos son los que deciden quiénes son los responsables y quiénes no, qué prueba se quita o se deja, cuando llega al fiscal, al cual consideran como un intruso, una molestia, y lo dice alguien que fue fiscal: ya todo ha acontecido”, deploró.