Por Oscar López Reyes
Con sobrada frecuencia, familiares de figuras públicas fallecidas, o ciudadanos comunes expirados en accidentes, imposibilitan que periodistas cubran las incidencias de velatorios, ignorando que la Constitución estipula, en su artículo 49, que “todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público”, y cuyo formato sea prensa, audiovisuales o digitales. En este leitmotiv se entrecruzan las fachas éticas y jurídicas concernientes a los derechos a la información y a la preservación de la imagen y a la privacidad.
El que descuella, alcanza notoriedad e incidencia en la opinión pública, mengua su vida privada. Ya su imagen se ha incrustado en el cerebro de sus conciudadanos. Pertenece a la sociedad, que se empeña en descifrar su procedencia y actuación, como los políticos, funcionarios estatales, empresarios, artistas, peloteros, periodistas y presentadores, líderes religiosos, comunitarios, gremiales, y otros. Si físicamente se ausentan, sus seguidores y opositores quieren saber quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Ese es un derecho primario, superior que el individual, por su cariz de atención o curiosidad colectiva.
Por igual, tocan las entrañas comunitarias y abren el pecho si un niño cae al suelo desde un cuarto o quinto piso, un grupo de ciudadanos parece en un accidente de tránsito, un desconocido es acribillado a balazos o se suicida, a una dama se le incendia su vivienda o un caballero desaparece misteriosamente. La gente quiere conocer sus nombres, características y resultados finales de esos acontecimientos, y corresponde a los periodistas buscarlos y explicarlos, con ilustraciones e imágenes que grafican el hecho y refuercen el relato temático, en esta protagónica época de la cultura visual.
Para tomar retratos y otros íconos de esos aconteceres, el periodista no necesita pedirle permiso absolutamente a nadie, como ha ocurrido con vigilantes y agentes militares que les impiden tomar fotografías y grabar imágenes a frontispicios de compañías e instituciones estatales, porque no cuentan con la autorización de sus propietarios e incumbentes. ¡Válgame Dios!, ¡cuántos excesos de celos y sensibilidad extraviada!
Si un periodista asiste a la funeraria donde está expuesto el cadáver de un artista, deportista, político y otra persona famosa, por qué parientes no permiten que tenga acceso a la sala del sepelio. Ha sido tradición que cuando los restos están en malas condiciones, los ataúdes no se destapan, aunque está a la vista de los presentes. Además de la parte exterior del féretro, se pueden grabar a los asistentes en la sala y los pasillos, así como la fachada exterior de la casa del velatorio.
Son cuestionables, porque esparcen el terror, abaten los sentimientos más nobles y perturban mentalmente la difusión de fotografías y videos de escenas sangrientas y crudas, sin editar para la depuración, como cuerpos descabezados y mutilados, cabezas aplastadas en derrumbes, esferas íntimas de la anatomía humana, inodoros con desechos flotantes, accidentes de tránsito, explosiones, ejecuciones, ataques terroristas, ahorcamiento, suicidios y otros episodios desagradables, esparce el terror, abate los sentimientos más nobles y perturba mentalmente.
Censuras. El artículo 44 del Código de Ética del Periodista Dominicana estipula que “El periodista se comprometerá a no difundir como noticia ningún texto comercial sin su correspondiente identificación, ni a usar imágenes de personas que las conviertan en productos mercantiles”, como la morbosidad. En tanto que el artículo 13 especifica que “el periodista contribuirá a salvaguardar la salud mental y moral colectiva, desechando la pornografía, la vulgaridad, la violencia y otros actos sensacionalistas y degradantes en los medios de comunicación”.
Estas exageraciones del valor de la noticia presentada con palabras e imágenes, cargadas de sensacionalismo amarillista, busca generar views para la extorsión y el mercurialismo. La crónica roja bate récord en la era de las redes sociales o exceso democrático de la información.
En las escuelas de comunicación a los alumnos enseñamos, en la asignatura fotoperiodismo, la buena combinación de los planos, ángulos, luces y colores, para el respeto a la información, a la dignidad de los difuntos y sus familiares, y cómo sacar el más sano provecho a la tecnoética, la inmediatez y la primicia, y por cuya razón los medios tradicionales y los portales conducidos por graduados universitarios no manipulan las imágenes fotográficas ni videográficas.
La desaprobación en el reproche: La ley 192-19 sobre protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas, promulgada el 21 de junio de 2019. En su artículo 14 expresa que “Se considerarán intromisiones los siguientes supuestos: La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona fallecida, tales como fotos de cadáver desnudo o en ropa interior, entre otros, en medios de comunicación, medios digitales, redes sociales o cualquier otro mecanismo de divulgación”, y “la utilización de la imagen del fallecido o su persona en caricaturas que sean publicadas en prensa escrita o hablada”.
Por la razón indicada, la citada disposición legal faculta, en su artículo 14, a incoar una demanda civil en daños y perjuicios por ante un Tribunal de Primera Instancia, mientras que en el tema concernido también es aplicable la Ley 24-7 sobre violencia infrafamiliar, que sanciona la acción con una pena de seis meses de prisión y una indemnización monetaria.
Correcaminos, encargados de digitales, influencers, youtubers, tiktokers, imberbes y vocingleros sin formación ni acreditación universitaria en comunicación social vulneran, día tras dia, las leyes mencionadas. Y extraña que a ninguno de ellos se les apliquen los códigos éticos ni las leyes ante tantas imprudencias, abusos y malicias. ¿Cobardía de los afectados o las autoridades judiciales?
