Por José Cáceres

SANTO DOMINGO. El Pleno de la Junta Central Electoral, “por indiferencia o complicidad” no está actuado con firmeza para llamar a la legalidad a varios funcionarios del gobierno de Luis Abinader, que son ya precandidatos oficialistas en busca de la nominación presidencial, al igual que otros de la oposición que vienen realizando actos proselitistas de manera abiertas, de cara a obtener un puesto en la boleta para las elecciones de 2028.

La Ley de Agrupaciones y Movimientos Políticos (33-18) y la Ley de Régimen Electoral (20-23) son bien claras y tajantes en varios artículos cuando establecen los plazos de ley para realizar precampaña de manera oficial, que deben hacerse en el año pre-electoral.

Igualmente, la Constitución de la República, en su artículo 212, explica sobre la facultad de la Junta Central Electoral que dice: “es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes.

El Párrafo IV de ese artículo apunta lo siguiente: “ La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

La advertencia cayó en saco roto

En febrero de este 2025, la Junta Central Electoral advirtió a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a la ciudadanía que, conforme a la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los períodos de precampaña y campaña aún no han iniciado.

Sin embargo, no ha tomado la primera medida ejemplariza dora contra dirigentes del PRM y los de los partidos de la oposición que pudieran estar violando las leyes electorales.

En su advertencia a los partidos políticos, la JCE declaró que, para las elecciones generales de 2028, el período de precampaña comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas.

La campaña electoral, por su parte, iniciará formalmente con la proclama que emitirá la Junta Central Electoral, a más tardar 70 días antes de los comicios.

El órgano electoral aseguró que se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley 20-23.

Que dice el numeral 4: “ Las organizaciones políticas, los candidatos y candidatas, sus representantes o jefes de campaña, que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta;

Mientras que el numeral 5, expresa: “Las organizaciones políticas, los precandidatos y precandidatas, sus representantes o jefes de campaña, que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la precampaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta”.

De su lado, el artículo 78, numeral 8, de la Ley 33-18, dice que quienes infrinjan estas normas mediante la realización de actos previos de precampaña y campaña.

El numeral 8, del artículo 78 de la Ley de Partidos, expresa: Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición.

“No está permitida la realización de actos proselitistas en favor de ningún ciudadano, ciudadana o entidad política”, dijo el Pleno de la JCE.

Y abundó: “Hacemos un llamado a los líderes y las lideresas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a quienes participan y/o dirigen este tipo de actos y a la ciudadanía en general, a actuar con responsabilidad y compromiso democrático, respetando las reglas establecidas y contribuyendo a un ambiente electoral basado en el sosiego social y político, el orden, la integridad y la legalidad”,

Como órgano rector del proceso electoral, la Junta Central Electoral tiene el deber garantizar la equidad partidaria, el respeto a la ley y velar por el cumplimiento de las disposiciones de las leyes que regulan los tiempos y condiciones de la precampaña y la campaña.

La JCE entretenida con nueva cédula

Los diferentes medios de comunicación vienen reseñando desde hace varios meses, las actividades de los precandidatos del PRM, en labores que parecen proselitistas, simuladas de contactos con las bases y cuentan con todos los recursos para hacerlo y han “volado” en franca violación a las leyes electorales y de partidos políticos, que les prohíben hacerlo fuera de plazo.

Mientras tanto la Junta Central y su pleno han estado entretenidos después de haber concluido las pasadas elecciones generales de 2024, en el proceso de poner en funcionamiento a finales de este año la entrega del nuevo plástico, que se venció en agosto de 2024, de la cedula de identidad y electoral a la población.

La oposición con brazos cruzados

Aunque se desconocen de donde salen los recursos económicos y quienes lo aportan, si llegan del sector privado, para que los precandidatos del PRM realicen sus actividades, en el territorio nacional y en el exterior, de su lado, los partidos de la oposición están “con los brazos cruzados” porque los fondos que reciben de la JCE no pueden destinarlos a realizar actividades masas en este momento, porque se desangrarán.

El pasado primero de este mes, en el programa D’Agenda, que produce el periodista Héctor Herrera Cabral por Telesistema, Johnny Pujols, secretario general del PLD, criticó la falta de equilibrio que exhibe la Junta Central Electoral respecto a la campaña electoral a destiempo, pues mientras le llama la atención a la oposición cuando realiza alguna actividad de carácter político, guarda silencio con el proselitismo abierto que están realizando funcionarios del gobierno que aspiran a la candidatura presidencial.

“Evidentemente que hay una inequidad. Yo recuerdo que en el 2022 y 2023 que corrimos un proceso, la Junta recurrentemente nos llamó la atención, y nosotros respondíamos que teníamos el derecho a la libertad de reunión y de tránsito, a lo que el órgano electoral nos dijo que podíamos hacerlo solo bajo techo, porque no se podían realizar actividades al aire libre”, precisó el secretario general peledeista.