Santo Domingo.– El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, defendió este lunes la reforma del Código Penal y aseguró que la legislación representa un avance trascendental para el sistema de justicia dominicano, pese a los ajustes que impulsa el Poder Ejecutivo antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 3 de agosto.
Durante una entrevista en el programa En La Mañana por Teleimpacto, producido por Gregory Caimares y los periodistas Manuel Jiménez y Nelson Encarnación, Peralta rechazó que la pieza pueda calificarse como el «Código Abinader» y recordó que su origen se remonta a finales de la década de 1990.
El funcionario explicó que el proyecto fue introducido durante la administración del expresidente Leonel Fernández, posteriormente aprobado y observado por el entonces presidente Danilo Medina debido al debate sobre las tres causales del aborto, y más adelante declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional debido a un vicio de procedimiento legislativo, no por el contenido de la norma.
«Decir que este es el Código Abinader es un error histórico», afirmó Peralta, al destacar que la iniciativa ha atravesado más de dos décadas de discusión en el Congreso Nacional antes de llegar a su fase definitiva.
El ministro relató que, cuando aún se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la Presidencia enfrentó la disyuntiva de observar la ley o promulgarla y aprovechar el año de vacatio legis para revisar los aspectos susceptibles de mejora.
Explicó que se optó por la segunda alternativa debido a que el nuevo código incorpora decenas de figuras delictivas modernas que no existen en la legislación vigente, heredada del siglo XIX.
«Entendimos que la parte que no tenía conflicto del Código era tan importante porque agrega una cantidad de tipos penales modernos y define mejor numerosos delitos», sostuvo.
Peralta explicó que, con ese propósito, fue creada una comisión de juristas encargada de revisar minuciosamente el texto y proponer correcciones.
Posteriormente, ese trabajo fue enriquecido con observaciones del Ministerio Público y de representantes de plataformas digitales, quienes fueron recibidos por el Ministerio de Justicia por disposición del presidente Luis Abinader.
El funcionario negó que el Gobierno haya actuado sin planificación frente al proceso, como planteó durante la entrevista el periodista Manuel Jiménez. A su juicio, no existió falta de previsión, aunque reconoció que pudo registrarse cierta lentitud en la revisión técnica.
«No hubo falta de previsión; quizá hubo un poco de lentitud», expresó, al explicar que incluso antes de la aprobación definitiva ya había conformado un equipo de jóvenes penalistas para comenzar el análisis del proyecto, consciente de que los plazos constitucionales para una eventual observación presidencial resultarían insuficientes.
Precisó que varias de las modificaciones propuestas responden a errores materiales, ajustes de redacción o armonización de escalas de penas, sin alterar la estructura esencial del Código Penal.
Uno de los puntos en los que Peralta hizo mayor énfasis fue el debate sobre la difamación contra funcionarios públicos. Aclaró que existe una interpretación equivocada sobre el alcance de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Según explicó, el alto tribunal únicamente despenalizó la difamación relacionada con críticas dirigidas a funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas, pero no eliminó las consecuencias legales cuando las expresiones afectan la dignidad personal o familiar.
«No es cierto que el Tribunal Constitucional haya despenalizado de manera absoluta la difamación contra los funcionarios», puntualizó.
Añadió que el proyecto incorpora expresamente ese criterio jurisprudencial, garantizando la protección de la libertad de expresión sin dejar desprotegidos los derechos fundamentales de las personas.
Peralta también informó que el Gobierno decidió modificar la disposición relativa a las ofensas gestuales para limitar su aplicación exclusivamente al ámbito judicial, es decir, cuando se produzcan durante procesos ante jueces, fiscales u otros funcionarios de justicia.
En respuesta a una inquietud del periodista Nelson Encarnación sobre las numerosas críticas que ha recibido una legislación discutida durante más de veinte años, el ministro insistió en que el nuevo Código Penal constituye «una bendición» para el sistema judicial.
«El Código es un avance y cuando el tiempo pase la gente se va a dar cuenta de que con este Código ganamos», afirmó.
Peralta sostuvo que toda legislación de gran dimensión requiere ajustes permanentes y recordó que numerosas reformas importantes también enfrentaron cuestionamientos en sus primeras etapas.
Finalmente, defendió la decisión del Poder Ejecutivo de promover modificaciones puntuales sin paralizar la entrada en vigor de una legislación que, según afirmó, fortalece la persecución de delitos modernos, actualiza el régimen penal dominicano y sustituye un código cuya estructura data de hace más de un siglo.
«Las leyes son para eso; si después surge alguna disposición que deba mejorarse, también podrá reformarse», concluyó.
