Por Daris Javier cuevas
El poder de la democracia descansa en las funciones naturales asignadas al Estado, como es la dictar las leyes para normal las relaciones predominantes de la sociedad y velar por su acatamiento, a través del poder judicial. En tal sentido incumbe al Estado adjudicarse el encargo del orden, la seguridad interior y frente al exterior, en caso de sinrazón, o atentado procedente de otro Estado.
De tal suerte que en el marco de las funciones del Estado está el nivel de competencia exclusiva en política exterior frente a otros Estados. Por tal razón, atañe al Estado la potestad exclusiva de recaudar impuestos para financiar el gasto público y dirigir la economía con legislaciones que regulan el mercado laboral y la actividad empresarial, administrar los servicios públicos como la educación, la salud, las infraestructuras viales, el sistema energético y el control de los puertos, aeropuertos.
Es en ese contexto que la democracia, en tanto sistema político moderno, se ha cimentado como una forma de cohabitar en sociedad, lo cual solo es factible si se establece un conjunto de valores, como la libertad, la igualdad, el pluralismo, la justicia, el respeto, la tolerancia y la participación. Pero resulta que estos valores son esenciales para su funcionamiento y que son fruto de la evolución de nuestras sociedades ya que la democracia no se construyó en un día.
En cualquier tipo de modelo de dirección de la sociedad, existe un ente fundamental que es el Estado, que es la organización humana que abarca la integridad de la población de un país, constituida económica, social y políticamente mediante un conjunto de instituciones soberanas que normalizan la vida en sociedad.
Esto significa que un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno legítimo de una nación y, en ocasiones, el término es usado también para referirse a la nación como un todo, el cual ha de ser reconocido como tal, que deberá contar con ciertas condiciones, pero también con el reconocimiento internacional de sus pares.
En el esquema de la democracia, el Estado ha de ser un catalizador activo para la creación de riqueza y del bienestar colectivo de los ciudadanos en procura de mejorar su calidad de vida, pero jamás debe ser un destructor de riqueza.
Cuando desde el Estado el gobierno se decanta por impulsar reformas contrarias a las aspiraciones de la población, la autoridad moral de este se deteriora o se pierde, máxime si el bienestar de la gente está peor que hace cinco o diez años atrás.
Recientemente, el gobierno dominicano introdujo una propuesta de reforma tributaria ante el congreso nacional y en cuyo contenido se afectaba de manera intrínseca el bienestar colectivo, generándose múltiples reacciones adversando a la misma por el efecto perturbador que engendraba. Esa es la verdadera razón por la cual el gobierno fue obligado a retirar del congreso esa arma mortífera, no fue porque escuchó ya que si escucha no la someta a su aprobación, sino por los “números terribles” que se derivaron.
Lo ocurrido pone en evidencia que en el modelo de democracia se puede tener mayoría numérica congresual, pero no mayoría moral en la sociedad. Y esto refleja una irrefutable demostración de que el rumbo a que se quiere empujar a la economía está conduciendo a la presencia de nuevas olas de descontento en la Republica dominicana a un ritmo de improvisación que pueden deteriorar la imagen del país en los mercados internacional de deuda, tal como acaba de ocurrir con el precio de los bonos del país en el mercado de bonos.
