SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó el nuevo Código Penal tras más de 22 años de tramitación en el Congreso Nacional, marcando un hito histórico en la legislación del país. Esta decisión se produce después de intensos debates que incluyeron el controvertido tema de las causales del aborto, que había generado profundas divisiones entre los legisladores.
Aunque inicialmente las eximentes que permiten el aborto habían sido dejadas fuera de la normativa penal, los congresistas decidieron volver a introducir este polémico tema, lo que generó intensos debates entre los sectores denominados «pro vida» y «pro causales». Esta controversia reflejó las diferentes perspectivas existentes en la sociedad dominicana sobre este tema sensible.
Los defensores de incluir las causales argumentaron que los tiempos han cambiado y que «vivimos en una sociedad moderna donde la ciencia ya puede determinar todo esto», permitiendo que las mujeres tomen «decisiones informadas». Sin embargo, también se escucharon críticas hacia las posiciones políticas oportunistas: «Con el asunto del pro vida de las iglesias y de muchos partidos políticos, que en campaña todos eran anticausales, y después abandonaron las causales porque no les convenían, sobre todo en época electoral».
El debate médico también estuvo presente en las discusiones. Los legisladores abordaron situaciones específicas como cuando «la vida de la madre está en peligro», que está contemplada en la eximente del artículo 112 del código. Un senador expresó su preocupación por «someter a esa mujer a riesgo con un feto que todos sabemos, con la tecnología existente al día de hoy, va a morir al nacer», calificando como «un crimen» obligar a procedimientos médicos innecesarios que podrían requerir cesáreas por complicaciones.
Más allá de la controversia sobre el aborto, la iniciativa incluye aspectos importantes para el combate al crimen. Entre estos se destaca el cúmulo de penas hasta 60 años, medida que según el senador Alexis Victoria Yeb garantiza «un combate más efectivo contra el crimen». El legislador expresó su confianza en que «la Cámara de Diputados lo va a pasar sin modificaciones algunas porque la bicameral y todas las modificaciones que vinieron fue todo consensuado, porque trabajamos en conjunto hasta el último día».
El senador Rogelio Genao destacó que la Cámara de Diputados tiene «una gran oportunidad de aprobar el proyecto», subrayando que incluye «nuevos tipos penales, cúmulo de pena, castigo a la reincidencia y que nos pone adelante, un código piedra para la criminalidad y la delincuencia». Esta perspectiva refleja el enfoque de mano dura que caracteriza varios aspectos del nuevo código.
La aprobación en el Senado representa un «paso histórico» según los legisladores, especialmente considerando que esta vez el proyecto «fue conocido por la Comisión Bicameral con algunas observaciones que fueron planteadas y que de alguna manera han sido consultadas para evitar que el proyecto vaya a perecer en la Cámara de Diputados».
El senador Antonio Marte manifestó satisfacción por el logro, reconociendo que «pese a que el nuevo Código Penal tuvo muchos obstáculos, la Cámara Alta logró sancionarlo». Con optimismo, expresó: «Ya, gracias a Dios, con el Código Penal ya cumplimos, vamos a ver que de aquí para allá todas las cosas sigan funcionando a la mayor brevedad posible».
El proceso legislativo entra ahora en su fase final. La nueva normativa penal debe agotar los trámites rumbo a la Cámara de Diputados, que deberá conocerlo en un plazo no mayor a cinco días, coincidiendo con la fecha en que concluye esta legislatura. Esta urgencia temporal añade presión al proceso, pero también refleja la determinación de los legisladores de completar este proyecto que ha estado en desarrollo por más de dos décadas.
La aprobación del nuevo Código Penal representa no solo un logro legislativo, sino también un reflejo de los cambios sociales, tecnológicos y jurídicos que ha experimentado la República Dominicana en las últimas décadas. Su implementación marcará un antes y un después en el sistema de justicia penal del país.
