Santo Domingo. – El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó su octavo informe de seguimiento a los casos de gran corrupción administrativa, enfocado en el proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y otros imputados, en el que advierte sobre prolongados retrasos y el riesgo de extinción de la acción pública.
De acuerdo con el documento, las medidas de coerción fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que el proceso cumplirá cinco años en julio próximo.
El juicio preliminar se extendió por casi dos años, con un total de 95 audiencias, mientras que el juicio de fondo, convocado inicialmente para el 23 de septiembre de 2024, ha sido aplazado en 22 ocasiones en un período de 18 meses.
La organización señala que durante estas audiencias no se ha conocido el fondo del caso, debido a la presentación reiterada de incidentes por parte de los imputados, lo que contraviene lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penal, que dispone que estas cuestiones deben resolverse en un solo acto sin afectar el desarrollo del juicio.
Participación Ciudadana advirtió que este tipo de prácticas dilatorias pone en peligro la continuidad de los procesos, ya que podría provocar la extinción de la acción penal al cumplirse el plazo máximo de duración sin una sentencia definitiva.
No obstante, el informe reconoce que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han establecido que estos plazos deben ser razonables y ajustarse a la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades judiciales, siempre que exista una justificación válida para los retrasos.
A un año y ocho meses de haberse convocado el juicio de fondo, el proceso aún no ha iniciado formalmente, lo que, según la entidad, refleja las debilidades estructurales del sistema judicial para sancionar de manera oportuna los casos de corrupción.
En ese contexto, la organización también cuestionó la capacidad del sistema para aplicar las sanciones contempladas en el nuevo Código Penal, que incluye por primera vez el delito de corrupción con penas de entre tres y 20 años de prisión, al señalar que aún no se ha logrado ejecutar de manera efectiva el régimen sancionador vigente.
Finalmente, Participación Ciudadana insistió en la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para evitar la impunidad y garantizar respuestas oportunas en los casos de corrupción que han marcado la agenda pública en las últimas décadas.