Procuradora General afirma todos los dominicanos deben tener acceso a la justicia

PERAVIA.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, sostuvo que el acceso a la justicia es un pilar fundamental sobre el cual se construye la paz social y destacó que es una responsabilidad colectiva asegurar que este derecho, más que una promesa, sea una realidad tangible para cada persona.

La magistrada Germán Brito abordó el tema al dictar una charla en esta provincia sobre “Acceso a la ley como medio de preservación de la paz”, durante la cual manifestó “debemos asegurar que cada dominicano, sin importar su origen o condición, tenga acceso a la justicia.

Indicó que eso implica acercar los servicios legales a las comunidades bajo el ideal de la justicia de proximidad y garantizar que los procedimientos sean comprensibles y accesibles para todos.

“La paz social se nutre de la confianza en las instituciones, de la certeza de que, ante la ley, todos somos iguales, y que nuestras voces serán escuchadas sin distinción”, declaró.

Sin embargo, insistió en que esta confianza solo puede sostenerse si se garantiza que cada ciudadano tenga el mismo acceso a los mecanismos de justicia.

“El acceso a la justicia no es un lujo, es un derecho humano básico que asegura la protección de todos los demás derechos e intereses legítimos. Este comporta, a grandes rasgos, la capacidad de cualquier persona para utilizar los mecanismos jurídicos disponibles para defender sus derechos, resolver conflictos y buscar reparación ante los agravios”, expresó la máxima representante del Ministerio Público.

Destacó que el acceso a la justicia es el primer escalón del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y dijo que es definida, grosso modo, como el derecho que tiene toda persona de, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra índole, poder acudir sin trabas a la justicia para formular pretensiones o defenderse de ellas.

“Los otros dos componentes que engloban la tutela judicial efectiva, son: obtener un fallo de esos tribunales, en relación a la pretensión planteada, y, que ese fallo sea efectivamente ejecutado; por supuesto, todo ello, vinculado a la garantía del debido proceso”, precisó.

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