SANTO DOMINGO.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para mañana, viernes, el conocimiento de medida de coerción a los 12 arrestados como parte de la Operación Gavilán que desmanteló una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías de la misma Procuraduría General, quienes se dedicaron «durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos».
El conocimiento de la medida de coerción de este jueves se aplazó porque no todos los abogados de los imputados habían sido notificados, lo que se completaría en horas de la tarde.
El Ministerio Público solicita los 18 meses máximos que se contempla para los casos complejos como medida de coerción.
La investigación con respecto a los fiscales que se mencionan están involucrados en la red y que la Procuraduría informó hoy son siete, no se han ofrecido sus nombres.
Dijo que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial para los fiscales, en cumplimiento al procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal esos miembros del Ministerio Público.
Los fiscales que investigan la operación solicitaron la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
«la J», entre los beneficiados con eliminación de su ficha
Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y de secuestro, incluso condenados que cumplen condena de hasta de 30 años.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J), quien ha sido señalado de amenazar a la procuradora general, Miriam Germán Brito e investigado en la Operación Halcón IV, figura entre los beneficiados por los involucrados en la red.
También José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), otro de los supuestos cabecillas de Halcón IV es otro de los que habrían pagado sobornos para la eliminación de su prontuario delictivo.
