Santo Domingo.-La Fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, reveló este miércoles que hay personas «de su entorno laboral» involucradas en la operación Gavilán que dirige el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La magistrada ponderó que esos detenidos formaban parte del engranaje integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
La titular de la Fiscalía del Distrito, quien habló a su llegada al Salón de la Asamblea Nacional del Congreso para participar en la rendición de cuentas del año legislativo 2022-2023 del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se limitó a ofrecer detalles comprometedores debido a que la investigación está en curso y podría verse afectada.
En la madrugada de ayer el Ministerio Público puso en marcha la operación Gavilán contra de una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
De acuerdo a un comunicado de prensa enviada a los medios de comunicación, un equipo de fiscales, en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
El equipo de investigación tiene varios fiscales bajo investigación y se anunció que en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción.
Para la persecución penal, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la Directora General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y para el aspecto disciplinario al Inspector General de la institución, Viterbo Cabral.
De acuerdo a la nota de prensa, en el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
