SANTO DOMINGO.,El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Los principales condenados son el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del mismo organismo; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur).
Cáceres y Torres Robiou fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
Mientras que De Aza fue condenado por los delitos de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el estado, enriquecimiento ilicito y lavado de activos agravado.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un extenso juicio en el que el Ministerio Público presentó
de pruebas documentales, periciales y testimoniales.El fallo fue emitido a partir de las 2:22 de la madrugada del martes. La lectura de la sentencia comenzó a las 3:00 de la tarde del día anterior.
De acuerdo al órgano acusador, los imputados desviaron fondos entre los años 2012 y 2020, a través del Cusep y el Consejo Nacional para la Niñez (Conani).
Los ilícitos fueron cometidos, conforme a las juezas del tribunal, durante la gestión del mayor general Cáceres Silvestre en el Cuerpo de Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del general Torres Rubiou en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Las magistradas también les impusieron el pago de 400 salarios mínimos. Además dispusieron la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado.Según el expediente acusatorio, la red operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras del Cusep, el Cestur y otras dependencias estatales para desviar recursos destinados a inteligencia,, combustibles, alimentación y nóminas.
Entre los otros 25 condenados de supuestamente estafar al Estado están el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (conocida como «la Pastora»), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
También, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, el capitán Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
Asimismo, el mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón, la primera teniente de esa institución, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, la exgerente del Banco de Reservas, Esmeralda Ortega Polanco; el sargento Alejandro José Montero Cruz y el general retirado del Ejército Epifanio Peña Lebrón, quien fungió como consultor jurídico del Cusep.
El general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán recibieron 15 años de prisión como sentencia, e igualmente el pago de 400 salarios mínimos.
Otros condenadosEsmeralda Ortega Polanco, 10 años de prisión y 400 salarios mínimos
José Manuel Rosario Pirón, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
Boanerges Reyes Batista, 10 años y 200 salarios mínimos
Franklin Antonio Mata Flores, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
Erasmo Roger Pérez Núñez, 10 años de prisión y 200 salarios mínimos
Kelman Santana Martínez, 10 años de prisión y 300 salarios mínimos
Girón ya cumplióEn el caso de mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien fue el testigo clave del Ministerio Público en el caso, fue condenado a cinco años de pena cumplida.