REDACCION INTERNACIONAL.-La decisión de Trinidad y Tobago de apoyar a Estados Unidos en caso de un conflicto con Venezuela por Guyana representa un cambio relevante en la seguridad del Caribe. En medio del aumento del despliegue militar estadounidense en la región y de las tensiones por la disputa territorial del Esequibo, el gobierno trinitense, encabezado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, anunció su disposición a conceder acceso a su territorio a las fuerzas estadounidenses si Washington lo solicita para defender a Guyana ante una eventual agresión de la dictadura venezolana.
Persad-Bissessar afirmó que, aunque Trinidad y Tobago mantiene buenas relaciones con el pueblo venezolano, su gobierno apoyaría a Estados Unidos si el régimen de Nicolás Maduro ataca o invade territorio guyanés. “Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso al territorio trinitario para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas”, declaró la mandataria.
Esta postura se produce tras el despliegue de destructores y buques de guerra anfibios estadounidenses, como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, cerca de la costa venezolana, en una operación destinada a reforzar la seguridad regional y combatir a los cárteles de la droga.
El respaldo de Trinidad y Tobago se inscribe en una respuesta regional al aumento de la presencia militar estadounidense, que inicialmente fue recibida con silencio por otros gobiernos caribeños. Guyana, país rico en petróleo y epicentro de la disputa territorial, fue el primero en expresar su apoyo a la iniciativa, comprometiéndose a colaborar con socios bilaterales y a respaldar acciones regionales y globales para desmantelar redes criminales. Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos también han experimentado un incremento en la violencia, lo que ha impulsado el interés en fortalecer la cooperación en materia de seguridad.
La disputa entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, una franja de 160.000 kilómetros cuadrados con abundantes recursos naturales, tiene raíces históricas en el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica. Guyana defiende la vigencia de este laudo y sostiene que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el foro adecuado para resolver el litigio, mientras que Venezuela rechaza este mecanismo y mantiene su reivindicación sobre el territorio. La tensión se intensificó en diciembre de 2023, cuando la dictadura de Maduro celebró un referéndum para incorporar el Esequibo, lo que generó preocupación internacional ante el riesgo de una escalada del conflicto.