SANTIAGO.- La procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, aseguró este jueves que la persecución de la criminalidad y la corrupción administrativa impactan positivamente en la seguridad jurídica y destacó que la lucha contra ese flagelo es prioridad de su gestión.
“Aprovecho la ocasión para destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quienes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener”, manifestó la magistrada Germán Brito.
“En todo caso, ha sido más prioritario generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que gobiernan la función, apostando por un rol de fiscalización moderado a través de instrucciones generales y requerimientos de informes de actuación”, agregó.
Expresó que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y, más importante aún, mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas corruptas. “Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las normas”, dijo.
En su ponencia ante la Cámara Americana de Comercio, la procuradora general sostuvo que “una sociedad en la que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas es una donde puede decirse que hay seguridad jurídica, concepto que exige que la ley sea estable en el tiempo y que los actores económicos puedan hacer predicciones seguras sobre su accionar”.
