Santo Domingo,- Cuando faltan cuatro días para conocer si la jueza del cuarto juzgado de instrucción envía a un juicio de fondo o dicta un no ha lugar a los inculpados del caso Calamar, Gonzalo Castillo, quien es uno de los imputados, reveló que la embajada de los Estados Unidos le había restituido su visa, tras habérsela cancelado por su inclusión en el supuesto entramado de corrupción.
La información fue ofrecida por el exfuncionario a través de una publicación en la red social X, donde agradeció al Gobierno estadounidense, al presidente Donald Trump y a la embajadora Leah Campos por la decisión.
al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a la embajadora Leah Campos por la restitución de mi visado de 10 años el día de hoy”, expresó Castillo.
En el mensaje, el dirigente político sostuvo además, que la medida reafirma “los valores de libertad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales que distinguen a los Estados Unidos de América”.
a publicación del exministro se produce luego de que en años anteriores trascendiera la cancelación de su visado estadounidense, mientras enfrentaba procesos judiciales en República Dominicana relacionados con el caso de presunta corrupción administrativa denominado operación Calamar.
CASO CALAMAR
SE TRATA DEL caso de corrupción administrativa más grande que se ventila en los tribunales del país, no solo por ser la mayor estafa al Estado Dominicano, sino también por los exfuncionarios de primer nivel de la administración de Danilo Medina que tiene como principales imputados.
la llamada “Operación Calamar”, que según el Ministerio Público puso al descubierto una trama corrupta “desde las mismas entrañas del poder”, encabezada por los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia, y de Obras Públicas, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente, y que envuelve la suma de RD$41,000 millones.
La magistrada Altagracia Ramírez, tiene, entre otras opciones, enviar a juicio de fondo a los imputados, dictar Auto de “no ha lugar o declarar la nulidad de la acusación del MP como han solicitado indistintamente las defensas.
Esta decisión habrá de tomarla luego de comprobar que durante la investigación del caso no violó la norma respecto de los derechos fundamentales de los imputados, ni los plazos procesales y evaluar las pruebas presentadas por el órgano acusador, y los argumentos de las defensas.
El órgano acusador ha pedido a la jueza Ramírez enviar a juicio de fondo a los tres exfuncionarios y demás imputados, que en total son 34 personas físicas y 13 empresas .
“No existe razón jurídica para que el tribunal que dirige la jueza Ramírez frene el envío a juicio de los 46 encartados en el expediente que resultó de la Operación Calamar”, ha dicho el director nacional de Prosecución de la Procuraduría general, Wilson Camacho.
En términos similares se ha expresado la titular de la Procuraduría Anticorrupcion, (PEPCA), Mirna Ortiz, al afirmar que “inequívocamente la única opción que tiene la jueza, es dictar Auto de apertura a juicio de fondo donde las pruebas hablarán por sí solas”.
Tanto Guerrero como Peralta y Castillo, proclaman su inocencia, y confía en que serán descargados o absueltos de los cargos que les imputa el MP.
El exministro de Hacienda, Guerrero, eleva como bandera de su inocencia los resultados de un peritaje contable patrimonial ordenado por el tribunal, y cuyas conclusiones dicen que “no existe ningún indicio de operaciones sospechosas, irregularidades financieras ni señales de lavado de activo” en su patrimonio.
Dijo que el peritaje fue hecho por Ramón Antonio Perelló y Pedro Urrutia Sangiovanni, abarcó el período 2012-2023, e incluyó “un análisis exhaustivo” de sus ingresos, bienes, inversiones, cuentas bancarias, préstamos y documentación fiscal en República Dominicana y Puerto Rico.
Peralta, de su lado, sostiene que la imputación en su contra es “fabricada”, afirmando que el MP no ha aportado una sola prueba que demuestre que él estafó al Estado Dominicano.
Resaltó que desde el año 2021 el MP ha investigado “exhaustivamente” su vida económica, familiar y social, “sin encontrar evidencia incriminatoria alguna” de los delitos que le imputa.
Sostuvo que la acusación en su contra era fundamentada en declaraciones de dos supuestos testigos, uno de los cuales dijo, habría utilizado los mismos hechos para sustentar procesos completamente distintos; y otro, “una persona condenada que ha mentido reiteradamente y que por su estatus de condenado no puede ser testigo”.