Por: Rafael Pepe Abreu
La corrupción es un fenómeno global que forma parte de la condición humana. Por ello,
quien suscribe no se considera incorruptible. Basta un ejemplo sencillo: una conserje o
empleada de ingresos modestos encuentra mil pesos en el lugar donde trabaja y decide
devolverlos, aun sin tener certeza de cómo cubrirá sus propios gastos. Si se le preguntara
por qué lo hizo, probablemente respondería: “En mi casa me enseñaron a no tomar lo
ajeno”.
El contraste es evidente. Con frecuencia, los gobernantes —especialmente en nuestro
país— designan empresarios en cargos públicos relevantes bajo la premisa de que, al
tener sus necesidades económicas resueltas, no incurrirán en actos de corrupción. Sin
embargo, la realidad demuestra lo contrario: en los casos más recientes, rara vez deja de
aparecer vinculado un empresario, un político o ambos. La explicación, aunque incómoda,
es simple: todos pertenecen a la misma especie, la humana.
Existen países donde la corrupción se castiga con cadena perpetua e incluso con la pena
de muerte. Aun así, en los cinco continentes continúan descubriéndose prácticas
corruptas. En nuestro contexto, el órgano rector de Compras y Contrataciones impone
múltiples controles y requisitos para garantizar la transparencia. No obstante, cabe
preguntarse: ¿han sido suficientes estas medidas para erradicar la corrupción? Todos
sabemos que no.
En la práctica, abordar la corrupción en el ámbito privado sigue siendo casi un tabú. La
política impide que el tema se discuta con la profundidad necesaria, porque al hacerlo se
derrumbarían tantos altares hasta el cielo se desplomaría. De ahí surgen preguntas
inevitables:
¿Quién evade el ITBIS que paga el consumidor?
¿Quién omite declarar ingresos empresariales?
¿Quién evade o elude las contribuciones a la seguridad social?
Resulta difícil sostener, por mal pensado que sea, que estas malas prácticas sean
responsabilidad de los sectores sindicales que defendemos la Cesantía.
El mundo también está lleno de los llamados paraísos fiscales. En su sentido ideal, el
“paraíso” es una promesa religiosa: una vida plena después de la muerte. Sin embargo,
en el lenguaje contemporáneo, estos espacios han sido calificados como “guaridas
fiscales”, término que evoca refugios de evasores, cueva de delincuentes y otros
calificativos no menos hirientes. Aun así, conviene reconocer que entre quienes recurren
a ellos figuran personas influyentes y respetadas.
Surge entonces otra interrogante: ¿podría alguna inteligencia artificial determinar
cuántos dominicanos poseen capitales en estos territorios? Así como se divulgan con
facilidad los datos de infractores menores, ¿por qué no se identifican también aquellos
que, amparados en su posición social, influyen en decisiones nacionales clave?
Un ejemplo actual es la reforma laboral. Los empresarios han insistido en que se aprueben
modificaciones a la Cesantía y entre sus propuestas se encuentran:
1. Reducirla a un máximo de seis años.
2. Eliminar la presión de la Astreinte para los empleadores
3. Incorporar al Código Laboral el contrato de prueba, lo que podría incrementar la
informalidad laboral.
Frente a este panorama, es importante dejar claro que no nos detendremos en la defensa
de los derechos laborales adquiridos.
El próximo miércoles 29 estaremos en Santiago, en el Parque de los Trabajadores.
El viernes 12 de mayo, en horas de la mañana, presentaremos un manifiesto en el local
de las centrales sindicales, en el marco del 140 aniversario de los acontecimientos de
Chicago, denunciando además la complicidad de algunos congresistas, senadores y
diputados con los intereses empresariales.
Finalmente, el miércoles 13 de mayo se realizará un acto en la capital sobre la reforma
laboral y en defensa de la Cesantía.