MADRID (EUROPA PRESS).-Las autoridades estadounidenses han despedido en las últimas horas de este martes al inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Paul K. Martin, después de que en la víspera publicara un informe alertando de que, debido a los recortes de la Casa Blanca, el organismo podría estar «financiando inadvertidamente a organizaciones terroristas».
Una fuente ha conrmado a la cadena de televisión CNN que Martin, que llevaba ejerciendo el cargo desde diciembre de 2023, ha sido cesado en la noche del martes a través de un correo electrónico en el que se le informaba de que su trabajo como inspector general de la USAID había sido «terminado, con efecto inmediato».
Su ocina publicó este lunes un informe en el que advertía de las consecuencias que están
teniendo las medidas de la Administración Trump el seguimiento del uso de dichos fondos.
El escrito señala en particular que la reducción de personal de la USAID está limitando la
investigación de socios, un extremo que requieren los programas de ayuda humanitaria en
Afganistán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Cisjordania y Gaza, y Yemen, para garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses no acaben en manos de grupos como el
Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el partido-milicia chií Hezbolá, Estado Islámico o los rebeldes hutíes de Yemen.
De hecho, reza el informe, a «diez miembros (…) de la unidad de investigación de antecedentes antiterroristas (…) se les ha dicho en los últimos días que no se presenten a trabajar (…) y, por lo tanto, no pueden realizar ninguna investigación».
«Esta brecha deja a la USAID susceptible de nanciar inadvertidamente a entidades o salarios de individuos asociados con organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos», añade.
El Gobierno de EEUU puso la semana pasada en «licencia administrativa» a «todo el personal contratado directamente por USAID (…) a nivel mundial», con excepción de aquellos empleados en puestos críticos, lo que, en palabras del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, son menos de 300 personas de un total de mil.
