Santo Domingo. – La Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria aprobó las pautas mínimas relativas a su ámbito, sentido y alcance.
Así lo informó el presidente de la comisión, Jorge Subero Isa, quien destacó que las directrices y el acta fueron establecidas durante una reunión de trabajo el pasado 30 de enero del 2025.
En ese sentido, puntualizó que el objetivo fundamental de la delegación está centralizado en la colaboración con las autoridades correspondientes a la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos para la habilitación del recinto Las Parras, así como la adecuación de la infraestructura de la Penitenciaria Nacional La Victoria.
El doctor Subero Isa señaló que la comisión ponderará las peticiones de colaboración que se le formulen o soliciten en los términos del decreto 186-24.
Asimismo, el magistrado precisó que una vez finalizada la etapa de habilitación de Las Parras y la adecuación de La Victoria, se dará por terminada la misión, a excepción de otras tareas específicas asignadas por el presidente de la República.
“La comisión respetará y actuará dentro del marco normativo y de las competencias respectivas de las instituciones con las que debe interactuar, sin sustituir ni invadir las atribuciones legales de ninguna autoridad instituida por la Constitución o la ley”, detalló el magistrado.
De igual modo, especificó que, en cuanto a la gestión y requerimiento de información, la misma tiene derecho a solicitar a los entes y órganos del Poder Ejecutivo la necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Jorge Subero Isa sostuvo que, para la aprobación del documento se requirió el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) partes de la totalidad de los integrantes. Agregó que las pautas mínimas pueden ser revisadas cuando así lo decida la mayoría.
Sobre la comisión
La comisión, creada por el decreto 186-24, está conformada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; así como el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, además de los decanos de las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).