SANTO DOMINGO.-Ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al protocolo migratorio aplicado en hospitales y sus críticas a la prohibición total del aborto en el Código Penal, que entrará en vigencia en agosto, tanto el Gobierno como gremios médicos insisten en que se garantiza el respeto a los derechos de los migrantes en los servicios de salud.
Las autoridades, el sector médico, rechazan el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En respuesta a las observaciones de ese organismo sobre posibles restricciones en hospitales, el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, afirmó que en la red pública se ofrece atención universal, asegurando que “el 100 % de los inmigrantes reciben asistencia”.
De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Peña, defendió la práctica médica en el país, al indicar que los pacientes son atendidos sin distinción de estatus migratorio y calificó como “exagerados” los planteamientos del informe, insistiendo en que el trato es igualitario y humanizado.
En respuesta a las alertas del organismo internacional sobre la alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes y la necesidad de reforzar la protección infantil, la primera dama Raquel Arbaje indicó que el Gobierno actualiza el Código de Protección del Menor en coordinación con el Código Penal, incorporando medidas contra el castigo físico y enfocadas en fortalecer a la familia.
El informe de la CIDH advierte sobre medidas que podrían limitar el acceso a la salud de migrantes, el incremento de expulsiones, trabas en el reconocimiento de la nacionalidad y la vigencia de la prohibición absoluta del aborto, además de alertar sobre otras problemáticas estructurales en el país.
Las autoridades reiteran que mantendrán sus políticas migratorias en defensa de la soberanía nacional y del cumplimiento de las leyes vigentes.