Montecristi.– Un operativo militar realizado en el puesto de chequeo FTCI-C Copey, en la provincia Montecristi, terminó con la detención de dos empleados de la Dirección General de Migración, quienes fueron sorprendidos transportando a 22 extranjeros haitianos en condición migratoria irregular en un camión rotulado de esa institución.
Los detenidos fueron identificados como Joel Antonio Castillo Reynoso y Gustavo Adolfo García Vásquez, quienes se desplazaban en un camión blanco, ficha F-300, asignado a la provincia de Puerto Plata y debidamente identificado con los distintivos de la Dirección General de Migración.
De acuerdo con las informaciones recibidas en el interior del vehículo eran trasladados 15 hombres, cinco mujeres y dos menores de edad, todos de nacionalidad haitiana, para un total de 22 personas.
El caso ha generado inquietud debido a que, según los primeros reportes, los extranjeros habrían sido previamente retenidos para fines de deportación. Sin embargo, las autoridades investigan bajo cuáles circunstancias continuaban siendo transportados al momento en que el vehículo fue interceptado por miembros del Ejército de República Dominicana.
La detención se produjo en una zona considerada estratégica para los controles fronterizos, donde las autoridades mantienen vigilancia permanente ante el flujo migratorio irregular y las operaciones de interdicción que se realizan en diferentes puntos del noroeste del país.
Tanto los empleados de Migración como los extranjeros haitianos fueron puestos bajo control de las autoridades correspondientes, a fin de profundizar las investigaciones y determinar si en este caso hubo irregularidades, complicidad o violación a los protocolos establecidos para el traslado y proceso de deportación de extranjeros en condición irregular desde hace un tiempo se ha venido denunciando la situación de algunos agentes de migración ha estado cobrando grandes sumas de dinero para subir hacia diferentes puntos del país extranjeros de forma irregular por lo que se le pide a las autoridades de migración a poner más atención a las denuncias de los ciudadanos.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el destino hacia donde eran conducidas estas personas ni sobre las responsabilidades administrativas o penales que podrían derivarse de la investigación.
El caso queda ahora en manos de los organismos competentes, mientras crece la expectativa sobre los resultados de una pesquisa que toca directamente la confianza pública en los controles migratorios y en el manejo institucional de los procesos de repatriación.