Nueva York.- Una jueza federal suspendió temporalmente la aplicación de las disposiciones aprobadas en Nueva York que impedían a agentes ICE utilizar máscaras durante sus operativos y los obligaban a exhibir información de identificación, en una nueva confrontación judicial entre el estado y el Gobierno del presidente Donald Trump por la política migratoria.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Mae D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, quien concedió una orden judicial preliminar solicitada por el Gobierno federal mientras continúa el litigio sobre la constitucionalidad de las medidas estatales.
El conflicto se originó después de que Nueva York aprobara normas destinadas a aumentar la identificación y transparencia de los agentes que participan en operaciones migratorias. Entre las disposiciones figuraban restricciones al uso de coberturas faciales y requisitos para que determinados funcionarios mostraran información que permitiera reconocerlos durante sus actuaciones.
La administración federal acudió entonces a los tribunales con el argumento de que un estado no tiene autoridad para determinar cómo deben vestirse, identificarse o ejecutar sus funciones los agentes encargados de aplicar las leyes federales de inmigración.
Agentes ICE
En su decisión preliminar, D’Agostino consideró que el Gobierno estadounidense tiene probabilidades de prevalecer en ese argumento y señaló que las disposiciones sobre máscaras e identificación regulan directamente a funcionarios federales, lo que podría entrar en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
El fallo significa que, mientras continúa el proceso judicial, Nueva York no podrá aplicar esas restricciones contra los agentes ICE. En la práctica, los funcionarios podrán continuar utilizando coberturas faciales durante determinados operativos sin exponerse a las sanciones contempladas por la legislación estatal.
La controversia sobre las máscaras ha cobrado fuerza debido a la creciente presencia de agentes federales con el rostro cubierto durante operaciones migratorias. Quienes respaldan las restricciones argumentan que identificar claramente a los funcionarios favorece la rendición de cuentas y reduce la posibilidad de que residentes confundan a agentes legítimos con personas que se hacen pasar por autoridades.