«Actualmente se pagan más de 100.000 millones de dólares al año en ayudas sociales a personas sin número de seguro social ni número de identificación temporal (…). Cuando pregunté en el Tesoro por una estimación aproximada de qué porcentaje de esa cifra es un fraude inequívoco y obvio, el consenso fue que aproximadamente la mitad, es decir, ¡50.000 millones de dólares al año!», señaló Musk.
Musk dirige un organismo designado directamente por el presidente Donald Trump para reformar el gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, el magnate propietario de Tesla y X tiene una autoridad amplia para investigar a los departamentos del Ejecutivo estadounidense.
A fin de «abordar de inmediato» esta «locura total», el magnate ha avanzado que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro acordaron que «todos los pagos incluyan una justificación en el campo de comentarios, que actualmente está en blanco».
«Es importante destacar que aún no estamos aplicando ningún juicio a esta justificación, sino que simplemente exigimos que se haga algún intento por explicar el pago más que nada», indicó el magnate, cuya gestión ha desatado polémica y temor en la burocracia establecida en el gobierno de EEUU.
En la misma línea, se exigirá que todo pago saliente del Gobierno «tenga un código de categorización, necesario para pasar las auditorías financieras», que actualmente son «casi imposibles» porque este campo «se deja con frecuencia en blanco».
Asimismo, Musk indicó que debe actualizarse «al menos una vez por semana, sino a diario», la lista de «entidades que no pagan y que se sabe que son fraudulentas o de personas que están muertas o son probables fachadas de organizaciones terroristas o que no coinciden con las asignaciones del Congreso».
La publicación de estos datos se produce después de que un tribunal federal restringió el acceso del equipo del DOGE -que dirige el magnate- encargado de la revisión de los sistemas de pago del Departamento del Tesoro, a raíz de una demanda interpuesta por un grupo de sindicalistas y jubilados preocupados por su privacidad, según Bloomberg.