Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó este lunes su Balance Social 2025, en el que afirmó que la pobreza en la República Dominicana superaría el 60% si se aplicara el estándar internacional de medición de ingresos, en lugar de los parámetros oficiales actualmente utilizados por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, explicó que el presidente Abinader ha sostenido que la pobreza bajó de 39.65% en 2012 a 18.4% en 2025, y que más de dos millones de dominicanos salieron de la pobreza monetaria. Sin embargo, Alburquerque indicó que el debate no debe centrarse únicamente en las cifras finales, sino en los criterios utilizados para definir quién es pobre y quién no.

El exmandatario señaló que, según la Metodología Oficial 2022 para el Cálculo de la Pobreza Monetaria, el Estado considera que una persona puede cubrir su alimentación básica con RD$125 diarios, lo que equivale a menos de RD$3,750 mensuales para clasificarla como en extrema pobreza. A su juicio, el problema no es solamente la cifra que se anuncia, sino el estándar con el que se construye la estadística.

Explicó que al contrastar esos montos con los precios actuales de los alimentos, como la habichuela a RD$80 la libra, la carne de res a RD$180 y el pollo a más de RD$90, resulta evidente que esos ingresos no garantizan una dieta saludable ni el acceso a otros bienes esenciales. Insistió en que reducir la línea de pobreza en el papel no equivale a mejorar las condiciones reales de vida.

Añadió que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estiman que se requieren alrededor de RD$9,000 mensuales por persona para acceder a una dieta saludable. Sostuvo que si se aplicara ese parámetro internacional y se mantuviera la misma relación utilizada por el propio gobierno entre pobreza extrema y pobreza general, la pobreza total superaría el 60%, lo que revela una profunda brecha entre la estadística oficial y la realidad cotidiana de las familias.

Alburquerque sostuvo que “la pobreza no desapareció; lo que ocurrió fue que se redefinió hacia abajo el estándar para medirla. Cuando se baja la vara, el salto parece más alto, pero la realidad no cambia”.

Asimismo, afirmó que “al llamado cartel del cambio le incomoda la verdad. La realidad es que han debilitado programas sociales fundamentales y han convertido la política social en un instrumento que favorece intereses particulares por encima de las necesidades de la población”.

En el ámbito laboral, Nelsida Marmolejos, secretaria de Asuntos Laborales y Sindicales de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que durante los últimos cinco años se ha producido un deterioro sostenido del poder adquisitivo de los trabajadores, como consecuencia de políticas salariales que no han compensado el aumento del costo de la vida.

Indicó que el salario mínimo de los empleados públicos continúa fijado en RD$10,000 mensuales, situación que coloca a miles de servidores públicos en una posición de vulnerabilidad económica frente al alza de los precios de alimentos, transporte, electricidad y medicamentos.

Asimismo, denunció la falta de indexación de los salarios que superan los RD$34,000 mensuales, lo que ha generado una pérdida real de ingresos en amplios sectores de la clase media asalariada. Explicó que esta situación implica que muchos trabajadores pagan más impuestos en términos nominales mientras su capacidad de compra se reduce progresivamente.

Marmolejos también cuestionó el manejo del Código de Trabajo y el cumplimiento del acuerdo tripartito, especialmente en lo relativo a la protección del auxilio de cesantía. Señaló que cualquier reforma laboral debe preservar derechos adquiridos y garantizar estabilidad jurídica para los trabajadores.

De igual manera, advirtió que el aumento del endeudamiento público no se ha traducido en mejoras proporcionales en los servicios sociales ni en fortalecimiento del empleo formal, lo que a su entender evidencia una desconexión entre la política económica y las necesidades reales de la población trabajadora.

En materia de seguridad social, Fernando Caamaño, secretario del área en la Fuerza del Pueblo, afirmó que el año 2025 representó un período de retrocesos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, debido al incumplimiento de disposiciones fundamentales contenidas en la Ley 87-01 y en la Ley 13-20.

Caamaño recordó que aún no se ha producido la actualización integral del marco legal del sistema, a pesar de que la ley establece plazos claros para su revisión. A su juicio, la falta de reformas estructurales ha limitado la expansión efectiva de derechos y la mejora en la calidad de los servicios.

Asimismo, sostuvo que la situación financiera del Seguro Nacional de Salud requiere transparencia y aclaraciones exhaustivas, por lo que reiteró la necesidad de una auditoría forense independiente con estándares internacionales que permita determinar con precisión el manejo de los recursos.

Indicó que el gasto de bolsillo en salud continúa superando el 44% del gasto total, pese a que la cobertura poblacional ronda el 97%, lo que demuestra que la universalidad formal no ha significado protección financiera real para las familias.

También expresó preocupación ante propuestas que podrían modificar la estructura del régimen contributivo subsidiado, trasladando mayores cargas económicas a trabajadores por cuenta propia y sectores informales. Subrayó que el sistema debe fortalecerse bajo los principios de solidaridad, equidad y responsabilidad estatal, no debilitarlos.

La Fuerza del Pueblo concluyó que el Balance Social 2025 evidencia una brecha significativa entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de la población. La organización reiteró que el desarrollo no puede medirse únicamente en cifras macroeconómicas, sino en la capacidad real de las familias para cubrir alimentación, salud, vivienda y educación con ingresos dignos.

Sostuvo que el país necesita una política social basada en estándares realistas, transparencia institucional y fortalecimiento del empleo formal, que permita reducir la pobreza de manera auténtica y sostenible.

“El bienestar no se decreta; se construye con políticas responsables y con respeto a los derechos de la gente. Comer es primero”, afirmó la organización.