Santo Domingo.El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó al Gobierno de imponer reformas de alto impacto económico y social sin construir el consenso necesario, sin escuchar a las instituciones responsables ni a los sectores involucrados, y sin presentar los estudios técnicos que justifiquen sus decisiones.
A modo de ejemplo, la organización opositora recordó que, apenas un año después de promover y promulgar la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el propio Gobierno impulsa una nueva reforma, reconociendo así que dicha legislación requería correcciones.
El PLD señaló que, cuando se debatía esa reforma, advirtió que la iniciativa contenía disposiciones que limitaban las competencias de los gobiernos locales y planteó la necesidad de preservar la libre competencia; sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas.
Asimismo, acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de imponer su mayoría absoluta en el Congreso Nacional para impulsar proyectos, sin importarles las consecuencias colectivas.
En rueda de prensa, Richard Medina, miembro del Comité Central del PLD, manifestó que esa organización ha asumido una oposición responsable, presentando propuestas, formulando recomendaciones y señalando alternativas que contribuyan a mejorar las políticas públicas y al bienestar colectivo.
El dirigente político reconoció que el nuevo proyecto procura corregir parcialmente algunos problemas de proporcionalidad de la reforma anterior, al establecer una escala de contribuciones más gradual.
Sin embargo, plantea que una política ambiental no puede medirse únicamente por lo que recauda, sino por su capacidad para reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y producir resultados ambientales verificables.
En tal sentido, el partido de la estrella amarilla considera que el principio de quien más contamina debe contribuir más es un criterio correcto de política ambiental.
El partido entiende que el país merece respuestas claras sobre varios elementos: si la iniciativa responde a una nueva contribución basada en la generación real de residuos, y que se aclare lo relativo a la contribución especial que establece la iniciativa, ya que recientemente se aprobó un plan anticrisis.
“Resulta preocupante que una reforma de esta magnitud avance sin que se haya informado al país cuál fue la participación técnica del Ministerio de Medio Ambiente, del Fideicomiso DO Sostenible y de otras instituciones directamente responsables de ejecutar la política nacional de residuos”, subrayó.
