SANTO DOMINGO.- El examen inter-pares “Peer Review”, realizado a petición de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluye recomendaciones institucionales y jurídicas con el objetivo de lograr mejoras en el derecho y la política de competencia en la República Dominicana.

Entre las principales sugerencias figuran adoptar un marco legal común de competencia, reformando la ley No. 42-.08 de Competencia, que data del 2008, para robustecer el rol de la entidad reguladora y que se aplique de forma uniforme a todos los sectores. Además, reforzar el presupuesto institucional, garantizar que las sanciones tengan un efecto disuasorio suficiente y permitir a ProCompetencia priorizar acciones de aplicación de la ley y abogacía en función de criterios transparentes.

El acto de la presentación del reporte final de la evaluación, que fue realizado en un hotel de esta ciudad, contó con la asistencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, otros funcionarios del gobierno central, como el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, representantes del Poder Legislativo y expertos internacionales.

La presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, encabezó la actividad junto a los demás miembros del Consejo Directivo y su directora ejecutiva, Fior D’aliza Alduey Mercedes.

La evaluación es el resultado de un año de trabajo entre la OCDE, el BID y ProCompetencia, incluyó visitas de campo a la República Dominicana por expertos de ambas instituciones y la visita de funcionarios dominicanos a Quito, Ecuador, para defender los hallazgos encontrados.

El examen inter-pares es un instrumento que permite evaluar las políticas, estrategias y actividades de los países adscritos y su eficacia tomando en cuenta el cumplimiento de sus objetivos sociales y económicos conforme a las mejores prácticas internacionales.

Fue presentado por Frederic Jenny, presidente del Comité de Competencia de la OCDE y Mario Umaña, especialista en Competencia y Regulación del BID.

Entre otras sugerencias presentadas figuran mejorar el marco procesal para la aplicación de la ley, al ampliar la duración del plazo de prescripción en consonancia con las practicas internacionales, proteger la fase de investigación para permitir que ProCompetencia publique versiones no confidenciales de sus decisiones y de las denuncias y agilizar el procedimiento de solicitud de las autorizaciones de inspecciones. Así como introducir multas disuasorias por falta de respuesta, respuestas tardías y uso de información incompleta o engañosa.

El informe señala que la ley de Competencia no aborda los abusos de explotación (como los precios excesivos) que afectan de forma negativa a los consumidores y que las multas máximas establecidas por la normativa son muy bajas y basadas en salarios mínimos.

En conclusión, expresa el informe que “a nivel internacional, ProCompetencia ha promovido la cooperación internacional, principalmente a través del intercambio de experiencias y conocimientos. ProCompetencia ha participado activamente en foros internacionales de competencia y este examen inter-pares voluntario muestra el compromiso del país por continuar desarrollando su política y legislación en línea con las prácticas internacionales”.

Al presentar el informe, Umaña destacó que este conjunto de recomendaciones hechas por los pares de la región no debe quedarse en estantes institucionales sino que debe ser insumos de oportunidades de mejoras en las políticas públicas.

De parte del gobierno, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, agradeció el minucioso análisis, valoró los esfuerzos realizados por el OCDE y el BID y aseguró que las autoridades están enfocadas en mejorar las políticas de competencia, sobre todo en continuar fortaleciendo el perfil internacional del país y contribuyendo al desarrollo económico sostenible.

“Estos resultados nosotros vamos a aprovecharlos para poder perfeccionar esas políticas de competencia que nosotros estamos comprometidos con seguir avanzando y seguir apoyando todo el tren productivo de nuestro país” expuso.

Precisó que la aceptación de la realización de ese estudio constituye una muestra del compromiso que tiene el presidente Luis Abinader y del gobierno con la transparencia.

Mientras que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que es evidente que la actual gestión de gobierno prioriza la transparencia, la eficiencia y la justicia en el ámbito de competencia. “Las sugerencias que hoy recibimos nos ofrecen una orientación valiosa para continuar mejorando nuestro marco de competencia y consolidar la República Dominicana como un modelo en la promoción de prácticas comerciales justas”, expresó.

Dice revisión de la ley 42-08 es necesaria e imperativa

De su lado, la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, precisó que esa institución reconoce la insuficiencia de la Ley 42-.08 para afrontar los desafíos actuales que comprometen la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios, sobre todo porque el país se enfrenta ante fenómenos como los mercados digitales y las tecnologías disruptivas. “La revisión y actualización de esta ley no solo es necesaria, sino imperativa”, reflexionó.

Manifestó que “el sometimiento de nuestra normativa y políticas de competencia nacionales al examen inter-pares, así como el informe que a tales efectos ha preparado la OCDE y el BID, no serán suficientes si no se adoptan las recomendaciones que procuran mejorar la calidad de la legislación y las políticas de competencia de la República Dominicana”.

También, recordó que para lograr crear una cultura de libre y leal competencia se requiere del esfuerzo multisectorial y en sentido general, de todos los ciudadanos.