Santo Domingo.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, solicitó este martes el retiro de todas las propuestas de aumento de impuestos contenidas en la reforma fiscal denominada “Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la economía”, así como una reformulación del Presupuesto General del Estado de 2026 que permita priorizar el gasto público, corregir distorsiones presupuestarias y aliviar la carga sobre los sectores productivos.
A juicio del exmandatario, la iniciativa promovida por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) constituye una reforma fiscal encubierta cuyo verdadero propósito es obtener más ingresos para cubrir el crecimiento excesivo del gasto corriente de la actual administración.
Al presentar una nueva edición de La Voz del Pueblo, Fernández sostuvo que las propuestas tributarias planteadas por el Gobierno carecen de justificación económica y resultan innecesarias frente al desempeño que exhibe la economía dominicana, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por el propio Banco Central y los constantes pronunciamientos de las autoridades que destacan el crecimiento y la resiliencia de la economía nacional.
Asimismo, propuso una reformulación del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026 para reducir y reorientar partidas de gasto, reclamó el cumplimiento de la indexación total de salarios establecida en el Código Tributario, planteó el restablecimiento de la deducción total de los gastos educativos y llamó a aprobar las iniciativas de flexibilización fiscal sometidas por la Fuerza del Pueblo a través del senador Omar Fernández en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, el sector agropecuario y los emprendedores.
Durante su intervención, el exmandatario cuestionó la narrativa oficial utilizada para justificar las nuevas medidas tributarias, señalando que existe una contradicción evidente entre el discurso del Gobierno y las informaciones ofrecidas por las propias autoridades económicas del Estado.
Fernández recordó que recientemente el Banco Central destacó la resiliencia de la economía dominicana frente a los acontecimientos internacionales y aseguró que el país ha mostrado una mejoría durante los primeros meses del presente año. Del mismo modo, citó los informes oficiales que indican que la economía dominicana registró un crecimiento de 4.0 % entre enero y abril de 2026, impulsada principalmente por los sectores construcción, manufactura de zonas francas, hoteles, bares y restaurantes.
“Si la economía está creciendo y mejorando, entonces no está en crisis, por lo que nunca existirán razones válidas para imponer nuevos impuestos a la población”, sostuvo el líder opositor al analizar las motivaciones expuestas por las autoridades para impulsar el denominado plan anticrisis.
Fernández consideró que el Gobierno ha evitado utilizar el término reforma fiscal debido al amplio rechazo que provocó la propuesta presentada en octubre de 2024, la cual terminó siendo retirada ante la oposición de distintos sectores de la sociedad dominicana.
A juicio del presidente de la Fuerza del Pueblo, el cambio de nombre no modifica la esencia de la iniciativa, ya que continúa persiguiendo el mismo objetivo de aumentar los ingresos tributarios del Estado mediante nuevas cargas para ciudadanos, empresas y sectores productivos.
Recordó que la reforma fiscal retirada en 2024 contemplaba medidas que impactaban directamente a las personas físicas, a las empresas, a la industria cinematográfica, a los propietarios de vehículos, al consumo de bebidas alcohólicas, al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), al Impuesto al Patrimonio Inmobiliario y al precio de numerosos productos de consumo masivo.
El líder opositor afirmó que la verdadera causa de las dificultades fiscales que enfrenta el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno no radica en una insuficiencia de ingresos, sino en el incremento acelerado y sostenido del gasto público durante los últimos años.
En ese sentido, señaló que entre 2020 y 2026 la actual administración ha manejado recursos por aproximadamente 8.6 billones de pesos, mientras que el gasto público aumentó 87.5 %, una expansión que, según indicó, supera ampliamente el comportamiento de la inflación acumulada en ese mismo período.
Explicó que gran parte de ese incremento se concentra en transferencias corrientes, subsidios, remuneraciones, contratación de servicios e intereses de la deuda pública, partidas que absorben una proporción creciente de los recursos del Estado.
El expresidente sostuvo que actualmente cerca de 90 de cada 100 pesos ejecutados por el Gobierno se destinan a gasto corriente, mientras apenas 10 pesos se orientan a gasto de capital, es decir, a obras, infraestructura e inversiones para el desarrollo. Consideró que esta distribución refleja una distorsión de las prioridades presupuestarias, ya que una proporción cada vez mayor de los recursos públicos se utiliza para sostener el funcionamiento del aparato gubernamental y una parte cada vez menor para proyectos que impulsen el crecimiento económico y mejoren la calidad de vida de la población.
Fernández también cuestionó la necesidad de nuevos tributos cuando el propio Gobierno anunció semanas atrás un programa de contención orientado a generar ahorros cercanos a los 40 mil millones de pesos mediante la reducción de gastos operativos, adquisición de vehículos, contratación de servicios, consumo de combustibles, publicidad y transferencias corrientes.
Indicó que si esas medidas de contención son aplicadas de manera efectiva, los recursos generados permitirían enfrentar cualquier presión presupuestaria sin necesidad de recurrir a nuevos impuestos.
Asimismo, señaló que parte de los argumentos utilizados para justificar el plan gubernamental estaban asociados al impacto de la situación geopolítica en Medio Oriente sobre los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, observó que los acontecimientos más recientes apuntan hacia una reducción de esas presiones externas y una tendencia a la baja en los precios del crudo, lo que disminuiría considerablemente el costo de los subsidios asumidos por el Estado.
Fernández citó informaciones económicas internacionales que dan cuenta de una caída significativa en el precio del petróleo tras los avances diplomáticos orientados a reducir las tensiones en Medio Oriente. Indicó que, según reportes de mercados internacionales, el crudo registró una baja de más de 3 % en una sola jornada, alcanzando su nivel más bajo en más de tres meses, situación que reduce considerablemente las presiones fiscales asociadas a los subsidios energéticos contemplados en el Presupuesto General del Estado para 2026.
Planteamos el retiro del proyecto en todo lo relativo a la carga impositiva “porque hoy no tiene sentido; como dirían los abogados, carece de objeto”, dijo al agregar que con la reducción de los precios del petróleo, los 40 mil millones de pesos que se pretende recaudar ya no son necesarios. De acuerdo con las estimaciones presupuestarias, apenas se requerirían alrededor de 889 millones de pesos y no los 40 mil millones que se procura obtener mediante nuevos impuestos”, expresó.
De acuerdo con Fernández, la combinación de medidas de austeridad y la reducción de los subsidios energéticos elimina las razones que el Gobierno ha presentado para impulsar nuevas cargas tributarias.
“El problema no es la falta de recursos. El problema es el aumento excesivo de los gastos del Gobierno”, reiteró.
Fernández sostuvo que el país necesita una administración más eficiente de los recursos públicos y no una nueva carga tributaria para los ciudadanos, especialmente en momentos en que los propios indicadores oficiales muestran crecimiento económico y mejores perspectivas para la economía nacional.
