LIMA (AGENCIAS).-El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder en Perú intervino la madrugada de este lunes la sede del Ministerio Público en el marco de una investigación que alcanza a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la máxima autoridad de la institución, acusada de encabezar una organización criminal con un altísimo grado de influencia en el Parlamento, junto a sus tres asesores: los colegiados Alberto Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Javier Villanueva Barreto.

La escena de la jornada corresponde a Villanueva Barreto, mano derecha de Benavides, y cuyos chats lo incriminan en una serie de maniobras al interior del aparato de justicia y el Congreso de la República.

Villanueva Barreto se internó en la clínica San Pablo, en Lima, aduciendo una descompensación durante las primeras horas de este lunes. Fue allí, tumbado en la camilla, con la vía en la muñeca, que la Fiscalía le leyó sus derechos y el motivo de su detención por 10 días.

Los médicos legales determinaron que su salud no corría peligro y le dieron de alta a media mañana. Villanueva Barreto caminó hasta la patrulla policial por sus propios medios. Su restablecimiento fue inmediato.

Según la tesis fiscal, Jaime Javier Villanueva Barreto es un hombre clave, pues realizaba coordinaciones a nombre de Patricia Benavides. En un chat de WhatsApp se exhibe no solo su postura respecto a la elección del Defensor del Pueblo, sino su injerencia política.

“Estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del Defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible pues lo que está en juego es algo mucho más importante que la misma Defensoría.

Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo (en alusión al expresidente Martín Vizcarra) y como la fiscal de la Nación lo mencionó en su discurso existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje su cargo y los caviares (la izquierda que obtiene gollerías bajo un discurso popular según la derecha) retornen a controlar el Ministerio Público”, escribe Villanueva Barreto.

Lo más grave es lo que continúa: “Si la Junta Nacional de Justicia la suspende (Patricia Benavides), por antigüedad Zoraida Ávalos sería la nueva Fiscal de la Nación (…) En ese contexto, el Defensor del Pueblo es muy importante, pues él es quien preside la comisión que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia”.

Las preocupaciones del principal asesor de Benavides no cayeron en saco roto. A mediados de mayo de 2023, Josué Gutiérrez Cóndor fue elegido por el Pleno del Congreso como el nuevo Defensor del Pueblo, con 88 votos a favor, veinticuatro en contra y nueve abstenciones.

Lo cuestionable del asunto: Gutiérrez carecía de experiencia en derechos humanos, y no suponía una garantía en una institución que, como garante de derechos humanos, necesita independencia.

Tras el destape del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, todo va cobrando sentido. Lo cierto es que Gutiérrez Cóndor viajó ayer domingo, un día antes del escándalo, a Panamá para participar de un evento del Banco de Desarrollo de América Latina y la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO).

En otra conversación por WhatsApp, Villanueva Barreto, el hombre de confianza de Patricia Benavides, reconoce haber coordinado con congresistas de las agrupaciones políticas Somos Perú, Fuerza Popular, y Avanza País para alinear los votos en favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación.

Hecho que finalmente se dio en junio pasado por una presunta infracción constitucional. “Esto no es causalidad, es parte de este copamiento de instituciones.

Desgraciadamente en el Congreso la gran mayoría, todos votaron en mi contra. Hoy queda acreditado que fueron por estas comunicaciones que tenía Jaime Villanueva por orden de la doctora Patricia Benavides”, ha declarado Ávalos.

Este lunes mientras el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder allanaba las oficinas de Patricia Benavides y su círculo más cercano, la Fiscal de la Nación firmó la salida de quien encabezaba el operativo en su contra, la fiscal Marita Barreto.

Barreto pedirá una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera un acto de persecución, hostigamiento, acoso y represalia.

Otra decisión que ha merecido el rechazo de un gran sector de la población fue la reciente suspensión del fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.

Vela también se ha pronunciado sobre este agitado inicio de semana: “Lo que ha venido sucediendo en el Ministerio Público es indignante, frustrante, y genera tristeza, porque, nuestra institución, a lo que nosotros nos debemos, pensaba que podría haber una esperanza, una expectativa, con la señora Benavides, pero ahora la vemos defraudada a estos niveles delictivos”.

Por la tarde, el curso de los acontecimientos dio un giro: en el momento más vulnerable de su gestión, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por las muertes de los manifestantes durante las protestas en contra del gobierno.

La denuncia por presunta comisión del delito de homicidio calificado también incluye a los exministros del Interior, César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.

En tanto, la congresista Ruth Luque denunció constitucionalmente a Benavides por presunta infracción a la Constitución y los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

A su vez, ha trascendido que la Junta de Fiscales Supremos se ha reunido para pedirle su renuncia a la máxima autoridad del Ministerio Público. Benavides se ha defendido mediante un video, calificando de torpe el accionar de quienes la investigan.

“El Ministerio Público ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad orquestada en las más altas esferas del poder (…)

Este acto torpe pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tan deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales, pero no voy a retroceder, tengo un compromiso firme con la labor que realizo (…)

Hoy reafirmo mi compromiso como fiscal de la Nación frente a ustedes porque no temo a las represalias”, añadió. A poco de una semana y media de cumplirse el primer año de gobierno de Dina Boluarte, el fuego parece avivarse otra vez, en medio de un laberinto de acusaciones.

Refiere que unos chats revelan que sus cercanos se coordinaron con congresistas para remover a la Junta Nacional de Justicia, designar al Defensor del Pueblo e inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.