SANTO DOMINGO.-La Policía Nacional es la institución que más ha desacatado el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. A esta se suman la Presidencia de la República, la Procuraduría y varios ministerios, de acuerdo a la publicación que hizo el tribunal en su página web.
En el listado hay otras instituciones del Estado y del sector privado que han desestimado decisiones de ese organismo dictadas entre los años 2013 y 2022.
Las sentencias son de diversa índole y en ellas el alto tribunal determinó se violentaron derechos de las personas que elevaron recursos ante el TC.
La Presidencia de la República; la Procuraduría General de la República, los Ministerios de Interior y Policía; Educación; Hacienda; Salud Pública; Obras Públicas; las direcciones de Prisiones; Impuestos Internos, Aduanas; la Armada de República Dominicana y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) son parte de las instituciones públicas que han desacatado sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
También han desobedecido dictámenes del alto tribunal los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ejército de la República Dominicana; la Tesorería de la Seguridad Social; el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente; las Direcciones de Migración y Embellecimiento.
Las alcaldías del Distrito Nacional, de Santiago, Santo Domingo Este, Pedro Brand, Sosúa, San Juan de la Maguana, de Esperanza y el Consejo de la Hidroeléctrica de Toros están en la lista de los que han infringido las disposiciones del Tribunal Constitucional.
Igualmente como responsables de incumplimientos, el TC señala a Wellington A. Matos, procurador fiscal del Distrito Judicial de Barahona; Simeón Feliz Yfrain; Cooperativa de Extractores y Procesadores de Yeso Otros Minerales La Esperanza.
El coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral (JCE); el Consejo Superior Policial; la Cruz Roja; Rosa Berenice Lulo de Mejía y la Unidad de Prevención de la Violencia de Género. Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Espaillat, la Dirección Municipal de Monserrat en Tamayo y el señor José Luis Matos Pérez.
El sector privado
En el sector privado, el Tribunal Constitucional cita al Sindicato de la Ruta F de Santiago; José Luis Matos Pérez; el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia); Seguros Universal; Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S.A.; la Asociación de Deportes Acuáticos (Aprodelapen); Ricardo Augusto Ripoll García, Phillip Boris Lehman, Ángel Luis Comprés Ramos; Carlos Sansoucy, representantes de la entidad.
El TC se había quejado
El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara se ha quejado de que, a pesar de haberlo comunicado al presidente de la República, las instituciones del gobierno siguen desacatando las sentencias de esa Alta Corte y adelantó que en los próximos días darán a conocer las instituciones que no acatan esas decisiones.
«La Constitución de la República dice que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado. ¿Qué significa eso? Que el principio de lealtad a la Constitución obliga a todos los servidores públicos, incluyendo a los del tribunal, al tribunal y a los jueces porque el tribunal no está por encima de la Constitución ni los jueces del tribunal tampoco, que no se lo crean», sostuvo.
Ray Guevara había advertido que, aunque no quería escandalizar con el tema, publicaría las sentencias desacatadas y los responsables de ello.
En el documento publicado en la web se explica que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales en su artículo 9 dispuso que el Tribunal Constitucionales es competente para dirimir las dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones.
Indica que, para tales fines, se creó la Unidad de Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias (USES), encargada de investigar y tramitar las solicitudes tendientes a resolver las dificultades o el incumplimiento de las decisiones.
«Asimismo, el Pleno adoptó la Resolución TC/0003/21, sobre medidas a ser adoptadas para la efectiva ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional, que faculta a este tribunal a publicar el nombre y demás datos necesarios del o de los responsables del incumplimiento de la ejecución de la sentencia en el portal del Tribunal Constitucional», explica la publicación.
La pasada semana el pleno del Tribunal Constitucional aprobó tramitar al Defensor del Pueblo (DP) los expedientes de las sentencias no ejecutadas, «para que ejerza sus facultades constitucionales y legales en favor de los ciudadanos cuyos derechos estén siendo afectados».
