Santo Domingo.– El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, advirtió que el proyecto de reforma al Código de Trabajo aprobado en el Senado introdujo modificaciones a la cesantía laboral que no formaron parte del consenso tripartito anunciado por el Poder Ejecutivo, y que dichas alteraciones representan un retroceso en la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores dominicanos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa “Foco Político con Carlos Del Pozo”, que se transmite a través del Canal 03 – Ahora TV, conducido por el periodista Carlos Del Pozo.

Castillo explicó que, según el acuerdo original, si surgía una diferencia entre el monto de la cesantía ofrecido por el empleador y el reclamado por el trabajador, el empleador debía consignar el monto reconocido en una cuenta y solo se generaría penalidad (astreinte) sobre la diferencia en disputa.

Sin embargo, la versión remitida desde el Senado introduce cambios en el artículo 86 que eliminan ese mecanismo de presión procesal  mientras el caso se encuentra en los tribunales, lo que podría extender litigios por años sin que el trabajador reciba compensación efectiva.

“Lo que llegó a la Cámara de Diputados no fue exactamente el fruto del consenso anunciado. La cesantía no puede ser modificada de manera encubierta ni disfrazada. Más del 95% de los diputados entiende que así no puede aprobarse”, sostuvo Castillo, quien confirmó que el proyecto se encuentra actualmente estancado en la Cámara Baja, debido a las objeciones planteadas por representantes sindicales y legisladores.

Alerta por modificación a la Ley 176-07: discrecionalidad presupuestaria con fines electorales

En otro orden, el legislador denunció que la reciente iniciativa para modificar nuevamente la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios —apenas reformada en agosto del año pasado— busca eliminar los límites de distribución presupuestaria establecidos para los ayuntamientos, permitiendo a los alcaldes manejar hasta un 75% de los recursos con amplia discrecionalidad.

Actualmente, la normativa establece porcentajes específicos para nómina, inversión en obras, educación, género y presupuesto participativo. La propuesta en discusión reduciría el carácter penal de las sanciones por incumplimiento y lo transformaría en una falta meramente administrativa.

“Eso abre la puerta a un uso clientelar de los recursos municipales en un contexto preelectoral. Si un alcalde puede manejar el 75% del presupuesto sin los controles actuales, estamos ante un serio riesgo de desnaturalizar la función pública municipal y convertirla en plataforma de proselitismo”, afirmó Castillo durante la entrevista.

El diputado reiteró que la Fuerza del Pueblo se opone firmemente a esta modificación y adelantó que su bancada no respaldará ningún proyecto que debilite los controles de transparencia y responsabilidad penal en la gestión municipal.

Defensa de derechos laborales y de la institucionalidad

Castillo enfatizó que tanto la defensa de la cesantía como la preservación de los límites presupuestarios municipales forman parte de una misma línea de acción política: garantizar que las reformas legislativas no se conviertan en instrumentos para debilitar derechos fundamentales ni para favorecer intereses coyunturales.

“La legislación laboral no puede convertirse en un mecanismo para abaratar despidos, ni la ley municipal en una herramienta para la discrecionalidad electoral. El Congreso tiene la responsabilidad de actuar con transparencia y coherencia institucional”, concluyó.