SANTO DOMINGO.-La Cámara de Diputados aprobó este sábado en primera discusión, las variaciones al marco penal, establecido en la Ley 74-25.
Los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados aceptaron elaborar 32 cambios a 24 artículos, tras acoger el informe que presentó en la sesión extraordinaria la comisión bicameral.
A excepción de seis artículos que fueron añadidos por los diputados, la cámara baja tomó completamente el proyecto de ley que envió el presidente Luis Abinader el pasado 10 de junio al Senado de la República.
Los artículos modificados fueron el 11, 121, 122, 123, 124, 141, 144, 176, 177, 192, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 248, 269, 303, 310 y 354.
El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, convocó a los representantes para que la pieza sea conocida en segunda discusión este lunes, a partir de las 2:00 de la tarde.
De ser acogida, deberá repetir el mismo procedimiento en el Senado de la República antes de ser enviada al Poder Ejecutivo para su consideración.
La bancada de la Fuerza del Pueblo (FP) insistió en que el Congreso Nacional debía postergar la aplicación del Código Penal y citar a los diversos sectores de la sociedad para desarrollar un nuevo diálogo nacional.
No obstante, esto quedó solo como una propuesta debido a que el bloque mayoritario del PRM lo impidió.
La ausencia de la despenalización del aborto en las tres causales fue la razón por la cual los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se abstuvieron de votar.
El diputado Eugenio Cedeño, del PRM, entiende que el Código Penal deberá recibir nuevas modificaciones, por lo que sugirió establecer una comisión para someterlo a un extenso estudio.
“La ley es un elemento transformable. El tiempo ha sido breve, pero el mundo no se acaba hoy y tendremos tiempo de ir modificando”, dijo Cedeño durante la sesión.
El proyecto de ley depositado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, busca alterar el contenido del artículo 192 sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento.
La intención del Poder Ejecutivo es especificar que la comisión de este hecho solo será sancionada cuando se comete en el ámbito privado o cuando haya una expectativa razonable de discrecionalidad.
En cuanto a la sanción, amplía la pena menor hasta quince días, la cual está en el modelo actual en seis meses. La máxima continúa en hasta un año de prisión.
Además, busca eliminar del nuevo Código Penal la sanción en los casos cuando el contenido falso sea elaborado por medio de montajes.
El artículo 207, referente al perjurio, recibiría una reducción de la pena, llevándola de cinco a diez años de prisión a entre dos y cinco años.
La pena actual del artículo 208 sobre la difamación es de dos a cinco años de prisión. Sin embargo, sugieren disminuirla de uno a dos años de prisión.
Además, aclara que no será sancionada si se registra en medios de comunicación, streaming y en el ciberespacio.
Dentro del artículo 211 agregaron una disposición para asegurar que no sean consideradas actos de difamación o injuriosos “las expresiones, opiniones y críticas vinculadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y actuaciones que atenten contra el interés público”.
No obstante, aclara que las declaraciones serán permitidas solo cuando estas estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información.
El artículo 121, que incluía la tipificación del bullying, cambia completamente el concepto y lo nombra únicamente como hostigamiento.
Mientras que el artículo 122 sobre hostigamiento agravado coloca de uno a dos años de prisión para cuando el agresor afecte a una persona con discapacidades físicas o mentales.
Además, disminuye la pena a entre cinco y diez años cuando el hecho cause el suicidio de un menor de edad.
El artículo 123 cambiaría su título a hostigamiento cibernético, en la actualidad nombrado como ciberbullying.
Además, establece que, para constituirse, este delito debe ser de manera reiterada y sistemática.
Elimina que los comentarios de redes sociales sean considerados como un método para aplicar el hostigamiento en contra de una persona y mantendría la pena igual: de dos a cinco años.
Mientras que el artículo 142 sobre el exhibicionismo eximiría de responsabilidad penal a quien se desnude en actividades artísticas, culturales, científicas o educativas.
En tanto, el artículo 144, que contempla el acoso agravado, aumentaría la sanción actual, de dos a tres años de prisión, elevándola de dos a cinco años.
El artículo 176 sobre proxenetismo aumentaría la pena. Incrementándola de dos a tres años de prisión, hasta de dos a cinco años.
La violación de propiedad, establecida en el artículo 269, sería sancionada con entre dos y cinco años de prisión. Esto representa una reducción en comparación con el contenido de la ley, ya que prevé de uno a dos años de cárcel.
La responsabilidad penal de la persona jurídica también contiene modificaciones. Además, los congresistas incluyeron la tipificación de la violencia física en los casos de agresiones entre familiares.
Por otro lado, el artículo 354 amplía el campo de sanciones para los médicos que expidan un certificado sobre la existencia o inexistencia de una enfermedad, ya que también incluye a los doctores forenses del sector privado. La pena sería de dos a tres años de prisión.
El artículo 303 sanciona la malversación de fondos públicos para aquellos funcionarios que desvíen los recursos del Estado. En este apartado, aumentaría la pena de cinco a diez años. En el marco vigente, está entre dos y tres años de prisión.
próxima sesión
La próxima sesión de la Cámara de Diputados será a las dos de la tarde de este lunes. Es posible que se produzcan nuevos cambios al proyecto de modificación.
La bancada del partido opositor Fuerza del Pueblo votó en contra de la aprobación de los cambios.
De ser aprobada por segunda ocasión, el Código Penal pasará al Senado de la República, que deberá conocer y aprobar en dos discusiones la pieza.
Los diputados habían pospuesto en dos ocasiones la aprobación de las modificaciones, que fueron conocidas por una comisión bicameral.
