Por: José Francisco Peña Guaba
Sé que este tema no le es simpático a importantes sectores de la ciudadanía que es crítica del financiamiento público a las organizaciones políticas; sé también que este cuestionamiento es auspiciado por influyentes grupos de la sociedad civil de élite, que mientras censuran a los partidos políticos, lo que en verdad desean es sustituir a los mismos, solo con el fin de tener mayor dominio en las decisiones del Estado.
Esos grupos de la mal llamada sociedad civil son aliados de las élites corporativas. La mayoría actúan como satélites de las mismas, por lo cual son financiados por poderosos oligopolios o con los dineros públicos asignados en el presupuesto nacional a aquellos que tienen personería jurídica como asociaciones sin fines de lucro (ASFL).
Sin embargo, para conocer el contexto del financiamiento público, tenemos que retrotraernos al año 1997, fecha en que se instituyó este, gracias a la propuesta formulada por el Dr. José Francisco Peña Gómez, cosa que se estableció en los acuerdos del Pacto por la Democracia del año 1994 y que transparentó el apoyo económico del Estado a los partidos a través de la Ley Electoral 275/97, donde en sus artículos 48, 49 y 50 de dicha norma se estableció por primera vez la contribución económica a las organizaciones políticas.
En esa ley se estipuló que las organizaciones políticas recibirían un 0.25% de los ingresos nacionales en años no electorales y un 0.50% en los electorales, pero en la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral del año 2019 por una imprevisión se dejó fuera lo del financiamiento y pese a eso se siguió otorgando de manera administrativa dichos fondos a los partidos políticos, pero fue en este preciso Gobierno del Cambio que se restableció la contribución económica a las organizaciones políticas en el artículo 224 de la última reforma a la Ley Electoral vigente Número 20-23.
Lo paradójico ha sido que, aunque fueron los modernos los que restablecieron el financiamiento, son ellos mismos los que han intentado en varias ocasiones reducirle la asignación a los partidos. La primera vez que se anunció la reducción fue para tomar esos recursos para hacer una extensión de la UASD en Santo Domingo Este, acción que se abortó. Después, la Dirección de Presupuesto estableció una asignación diferente a la de la ley, pero ese nuevo intento volvió a fracasar. Sin embargo, el año pasado el gobierno lo redujo administrativamente y para el presupuesto nacional de este año 2026 se ejecutó nueva vez la reducción de dichos fondos en un 52%, a las organizaciones políticas que les tocaría RD$ 3,355 millones y solo se les asignó RD$ 1,620.000.
El gobierno ya produjo una reducción sustancial de los recursos a las organizaciones políticas y ahora, abruptamente, sin analizar consecuencias, el Gobierno anuncia una segunda reducción de un 50% a los partidos políticos, de un 48% que reciben; sería ahora apenas un 24% de lo que establece la Ley 20-23.
Pero resulta que el gobierno lo que lograría conseguir es apenas 540 millones de 40 mil millones de pesos que dicen necesitar, mientras hay sectores privados subsidiados y otros con exenciones multimillonarias, pero a esos el gobierno no los quiere tocar. Es entendible porque los popis funcionarios obedecen los dictados de las élites corporativas en RD.
Si en verdad el gobierno necesita el dinero de los partidos políticos estamos totalmente de acuerdo que se elimine por completo, pero lo equitativo sería que también se les quiten a las ASFL que no cumplen ninguna labor social, a los sectores económicos que tienen miles de millones en exenciones o grandes empresas que dejan de tributar multimillonarias sumas por concepto del Impuesto sobre la renta.
La asfixia económica a los partidos políticos les abre las puertas de par en par, primero a los inacabables recursos de la corrupción gubernamental, segundo al de los oligopolios que necesitan a los partidos y a los gobiernos para que protejan sus intereses, por último al lavado y narcotráfico que buscan garantizar impunidad en la relación con los partidos políticos, a la vez lograr poner sus alfiles en los cargos electivos.
El gobierno busca arrinconar a la oposición para con los dineros públicos comprar unas elecciones, quién sabe si hasta una nueva reelección Presidencial, los sectores oligárquicos buscan mantener un gobierno a su entero servicio y el narco tener sus conexidades con el poder y más aún aumentar su matrícula de senadores y diputados para las elecciones del 2028 como es de todos sabido.
El financiamiento a los partidos políticos existe en casi todo el mundo, son el sostén de la democracia, un sistema político débil siempre estará al servicio del poder, de las élites empresariales y también de la delincuencia internacional.
Los 540 millones que le quieren reducir al sistema democrático son pesos ante los miles de millones de la corrupción y del dinero invertido por funcionarios actuales para retener el poder.
Aquí no estamos hablando de dinero a los partidos, los cuales son centavos para lo que cuesta una campaña hoy en día; estamos hablando de democracia. Si el gobierno insiste en tomar el camino de la confrontación, solo saldrá perdiendo, porque además de que tiene la ciudadanía molesta y rebelde, al liderazgo digital desafecto a sus políticas clientelares, los comprobados financiamientos a estos por parte del lavado y el narcotráfico, más los graves escándalos de corrupción de los funcionarios de este gobierno, creo que lo último que les convendría a los modernos es tener en contra de manera firme y decidida a la mayoría de los partidos políticos.
Sé que el “Síndrome de Hubris” se ha apoderado de la cúpula oficialista, que al parecer no aprenden de los errores de sus antecesores. El poder es efímero y ellos bajarán de sus poltronas, volverán a ser ciudadanos comunes. Cuando eso suceda, que será pronto, ellos se darán cuenta de que abusar del poder tiene sus consecuencias, todo porque “gobernar es proteger, no desmantelar” Si le quitan el piso a los partidos hoy, que no se sorprendan cuando mañana el techo de la Democracia se les caiga encima a todos”
