Santo Domingo. – Priorizando el interés superior de que los estudiantes del sistema público sigan recibiendo la indumentaria para las clases, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) acogió la Resolución RIC-0106-2025 de la Dirección General de Contrataciones Públicas que anula parcialmente las adjudicaciones de calzados escolares, así como otras disposiciones administrativas emanadas por el órgano rector.
No obstante, al dar acogida a la medida el director ejecutivo de la institución, Víctor Castro deploró que el accionar de los órganos rectores haya generalizado los indicios a todo el proceso y detenido acciones esenciales para la recepción y distribución de útiles escolares a tiempo.
En ese sentido, durante una rueda de prensa llevada a cabo este jueves, Castro explicó que la institución procedió a cancelar los 25 contratos señalados por Contrataciones Públicas, al tiempo que resaltó su colaboración en cada fase de la investigación que propiamente había solicitado al órgano rector en aras de garantizar la legalidad de los procesos, aportando los medios de defensa y respondiendo a cada uno de los requerimientos.
La institución también se comprometió a reevaluar 9 de 11 empresas de calzados que fueron remitidas por la DGCP en su informe dado a conocer el pasado lunes, en vista de que dos ya fueron proactivamente descalificadas por diferentes hallazgos.
A su vez, analizará la redistribución de los bienes de contratos cancelados entre las empresas validadas para garantizar la continuidad de la entrega de la utilería escolar.
Al dar a conocer la información, Castro, recordó que había tomado la medida de cancelar a servidores públicos, entre ellos, peritos que participaron en el proceso de licitación y había suspendido la firma de los contratos de empresas señaladas, los cuales fueron anulados finalmente por la DGCP.
Procesos del INABIE son perfectibles
Durante la rueda de prensa, Castro hizo 10 puntualizaciones sobre la resolución remitida por la DGCP, dentro de las que destacan que las excepcionalidades adoptadas por la institución no fueron arbitrarias, ya que beneficiaron el proceso.
Con relación a la presunta falsedad de documentos, dijo que solo una autoridad competente puede determinarla, así como los presuntos casos anticompetitivos y de conflictos de interés los cuales fueron remitidos por el INABIE a Pro-Competencia para el debido proceso.
Aseveró que todos los oferentes convocados al proceso de licitación participaron en igualdad de condiciones.
Sobre el papel que jugó el Comité de Compras, el director ejecutivo aclaró que éste actuó en base a las evaluaciones de los peritos que por su función tienen fe pública.
“Los procesos en el INABIE son perfectibles y pueden ser ajustados para corregir errores”, recalcó.
Al fijar esta posición, el INABIE también informó que atendiendo al mismo principio de garantizar los útiles y uniformes escolares a los estudiantes, la institución acogerá otras medidas que pueda comunicar la DGCP.
