SANTO DOMINGO.-El dirigente político Dr. Roberto Rosario, solicitó al Presidente de la República que actúe con coherencia en el manejo y aplicación de las políticas migratoria, la defensa de la soberanía nacional y la correcta aplicación de lo establecido en la Constitución Dominicana.
Este pronunciamiento responde a las declaraciones ofrecidas por el Ministro Limber Cruz en un programa de televisión matutino cuyo contenido circula en redes sociales, transcrito a continuación:
“Yo tengo haitianos trabajando conmigo que tienen diez y quince años; que no han delinquido nunca, que como yo digo yo meto la mano, la cabeza y los pies por ellos. A Esa gente vamos a darle un carnet, en lo que viene el proceso, porque tú no puedes ponerte a pensar, por ejemplo, que allá te van a dar documentos para venir aquí legal, porque allá no hay instituciones que te lo den. ¿Quién te los va a dar allá? Entonces vamos a buscar fórmulas prácticas para aquello que tienen un historial… yo diría que todo el que tiene más de un año yendo a una finca, vamos a regularizar esa gente… esto es un planteamiento que yo hago”.
El referido Ministro, argumenta un humanismo que nos lleva a cuestionar su verdadero interés detrás de los planteamientos que hace: indica que los empresarios (como es su caso) tienen años violando la Ley de Migración con personas indocumentadas trabajando en sus propiedades, ¿es esto humanitario?, porque más bien parecería una práctica esclavista e inhumana, donde se contrata personas en condición de absoluta irregularidad documental para pagar salarios muy por debajo de lo legalmente establecido y, al momento de prescindir de sus servicios poder despedirlos sin reconocer ningún derecho laboral, lo cual sucede solamente cuando le conviene al patrón “humanitario”. Irónico, ¿no?
El Dr. Rosario destacó que “hace menos de 10 años, en la República Dominicana, el gobierno de turno llevó a cabo un Plan de Regulación Migratorio, en virtud de lo dispuesto en la Ley 169-14”, que del señor Ministro haber tenido buenas intenciones -desde ese tiempo- pudo aprovechar el proceso para legalmente regularizar a esos trabajadores, sin embargo, lo cierto es que la práctica asumida y referida como propia por el citado Ministro, viola claramente el artículo 131 de la Ley de Migración donde se dispone lo siguiente:
“Sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código de Trabajo y leyes especiales, serán sancionados con una multa de tres a diez salarios mínimos por cada infracción, las personas físicas o morales contratantes de Trabajadores Temporeros, por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección concerniente al Procedimiento para el ingreso al país como no residentes en la subcategoría de Trabajadores Temporeros de la presente ley”.
Rosario enfatizó en el hecho de que, debe ser un llamado de atención y alerta grave para el presidente de la república que uno de sus ministros, (y no cualquier ministro, sino el que suple nuestros alimentos) confiese voluntaria e irresponsablemente que “viola la Ley de Migración” o será que la anunciada campaña de deportación de “10 mil extranjeros de origen haitianos” lejos de ser una sincera preocupación en aras de resolver el problema migratorio es un nuevo “elemento de uso y abuso” para estos ciudadanos extranjeros que, al no cumplir con los protocolos de la Ley de Migración, reingresan al país pagando grandes sumas de dinero a las mafias que se dedican a tráfico y trata de personas.
Según el dirigente político, el gobierno actual trata de proyectar un interés de “defensa de la soberanía e identidad nacional” que no se corresponden en la práctica, ya que lo que realmente se está haciendo es una consolidación del negocio de tráfico de personas de origen extranjeros, abusando de ellos por su condición irregular en documentos.
Asimismo, el dirigente político afirmó que, si hubiera interés real por parte del gobierno para aplicar políticas efectivas de control migratorio, se implementaría dicha ley y se aplicaría al artículo 128 de la misma, que dispone lo siguiente:
Art. 128.- Serán sancionados con las penas aplicables a las personas físicas por la comisión de delitos a:
- Toda persona que participe en la organización, traslado, desembarco e ingreso ilegal al territorio nacional de un extranjero, o lo oculte una vez ingresado.
- Toda persona nacional o extranjera que organice la salida clandestina de dominicanos y extranjeros del territorio nacional, ya sea por vía marítima, terrestre o aérea, o intente o proceda a transportarlos al exterior, o que intervenga de cualquier forma en el tráfico ilegal de personas.
PARRAFO I.- En caso de que el infractor fuere una persona moral o jurídica, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.
PARRAFO II.- La pena de multa mencionada en el presente artículo será aplicada por cada una de las personas que entren o salgan clandestinamente del país.
En ese orden de ideas, el dirigente político le pregunta al gobierno si puede informar ¿cuántas empresas transportistas y personas físicas han sido sometidas a la justicia por haber sido atrapadas infraganti violando la Ley de Migración?, ¿cuántos autobuses, motores, jeepetas, carros, embarcaciones y hasta residencias y fincas han sido incautadas y cuántas han sido decomisadas?, ¿qué se ha hecho para fortalecer los programas de control migratorio?, ¿cuántas personas han sido sometidas a la justicia y han cumplido con las penas que establece la Ley de Migración?.
Dicho esto, el Dr. Rosario fundamenta su posición en los artículos 135 y 136 de la Ley de Migración, cuyo texto dispone:
Art. 135.- Cuando en la comisión de algunas de las infracciones previstas en el presente Capítulo participe algún empleado, funcionario de la Dirección General de Migración o cualquier otro funcionario de la Administración Pública, se le aplicará a éste el máximo de la pena correspondiente al delito en cuya comisión ha participado.
Art. 136.- Los bienes utilizados en el trafico ilegal de personas, serán incautados, debiéndose someter el asunto a los tribunales para el decomiso, si procede, provenga de una decisión de juez competente y dicho juez decida cuales bienes corresponden a la actividad ilícita.
Finalmente, el Dr. Rosario expreso que si el Presidente de la República y el Gobierno quieren dar un ejemplo de su voluntad de cumplir con la ley, deben destituir al Ministro de Agricultura y someterlo a la justicia, él y todos los que incurran en esta práctica ilegal, de lo contrario el pueblo comprobará que es falsa la campaña gubernamental en ese sentido.
