SANTO DOMINGO.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) sentenció que la Junta Central Electoral (JCE) reordene la categorización de las organizaciones políticas para fines de financiamiento público y que disponga el orden numérico que esas mismas organizaciones tendrán en las boletas electorales para los comicios de 2028.

En ese sentido, el TSE anuló dos resoluciones de la JCE, una sobre la categorización de las organizaciones políticas para fines de financiamiento público y la otra sobre la distribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2025.

Acogiendo parcialmente las impugnaciones presentadas por los partidos Alianza País y Dominicanos por el Cambio, estas decisiones fueron adoptadas por los jueces del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente; Rosa Pérez de García; Pedro Pablo Yermenos Forastieri; Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez.

Ellos también dispusieron que la JCE emita “una nueva resolución que establezca los montos de la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2025, en la que adecúe los montos que restan del año 2025, a partir de las consideraciones expuestas en la presente sentencia”.

El Tribunal anuló la Resolución núm. 7-2025, dada el 14 de febrero del 2025, que categoriza a las organizaciones políticas para fines de financiamiento público y dispone el orden numérico que estas tendrán en las boletas electorales para las elecciones ordinarias generales del año 2028; y la Resolución núm. 8-2025, emitida el 14 de febrero del 2025, que establece los montos de la distribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2025.

Asimismo, ratificó el defecto por falta de comparecer dictado en audiencia de fecha 30 de abril del 2025, contra Partido Demócrata Popular (PDP); Partido Socialista Cristiano (PSC); Partido Humanista Dominicano (PHD); Partido Liberal Reformista (PLR); Partido Revolucionario Independiente (PRI); el Frente Amplio; Partido Camino Nuevo (PCN); Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y Partido Democrático Alternativo (MODA).

“Pronuncia mediante la presente sentencia el defecto por falta de concluir contra el Partido Esperanza Democrática (PED), quien compareció a la audiencia 3 de abril del 2025, y quedó debidamente citado para presentar sus conclusiones en la vista del día 30 del mismo mes y año.”

“En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad, declara que la regla contenida en el artículo 61 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, para que sea conforme con la Constitución y aplicable al caso será interpretada de la manera siguiente:

“a) Entender que “última elección”, se refiere al último “ciclo electoral”, es decir, todas las elecciones ordinarias celebradas en un año electoral.

“b) Se interpretará el numeral 3 del artículo 61 de la Ley núm. 33-18, de manera que incluya dentro del segmento del 8% a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos antes del último ciclo electoral y que conserven su personería jurídica, a pesar de no haber participado en la última contienda o que participando, no hayan obtenido los porcentajes previstos en la ley, así como a los partidos, agrupaciones y movimientos político de nuevo registro electoral, por considerarlo la solución más razonable y compatible con el principio de igualdad.”

Los jueces admitieron en cuanto a la forma las demandas en intervención forzosa incoadas por la parte impugnada JCE, contra el Partido Popular Cristiano (PPC), el PRD, BIS, PUN, Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Cívico Renovador (PCR), Fuerza Nacional Progresista (FNP), PRSC, PQDC, APD, GenS,

Pasove, UDC, PNVC, Fuerza del Pueblo, Justicia Social, PRM, PLD, Opción Democrática, el PAL, Partido Primero La Gente, PDP;

Partido Socialista Cristiano, PHD, Partido Liberal Reformista, PRI, Frente Amplio; Camino Nuevo, PRSD), el MODA y Partido Esperanza Democrática (PED), todas por haber sido interpuestas de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.