Santiago.- Demóstenes Martínez, miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, ha expresado su firme oposición a la reforma constitucional impulsada por el Poder Ejecutivo que busca, entre otros aspectos, “fortalecer” la independencia del Ministerio Público.

De acuerdo a Martínez, esta reforma no solo es innecesaria, sino que representa un grave atropello contra el equilibrio judicial y la política criminal del Estado Dominicano.

El expresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sostiene que, bajo el pretexto de fortalecer la independencia del Ministerio Público, se está intentando despojar a este órgano de su verdadera autonomía.

El dirigente político advirtió que de forma encubierta se está eliminando la parte capital del artículo 169 de la Constitución que es el que atribuye al ministerio público la tarea de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

“El transitorio vigésimo cuarto propuesto dispone que, hasta tanto la ley correspondiente asigne a un ente u órgano del Poder Ejecutivo la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, esta responsabilidad seguirá recayendo sobre el Ministerio Público”.

Demóstenes advierte que se ve con claridad que el propósito del referido transitorio es quitarle poder y facultades al Ministerio Público y pasarlo al Poder Ejecutivo, creando una reserva de ley que impactará sobre esa responsabilidad asignada al procurador y a los fiscales, según el artículo 169 de la Constitución.

Por otra parte el exlegislador ve como intrascendente la forma de designación del procurador plasmada en la propuesta, ya que siempre responderá de la voluntad del Poder Ejecutivo.

«Actualmente, la designación del Procurador General de la República es una facultad directa del jefe del Estado. La propuesta sugiere que esta facultad sea indirecta, trasladando la decisión al Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta exclusiva del presidente. Esto no garantiza independencia, sino que introduce un control encubierto», afirmó Demóstenes Martínez.

Además, el abogado y periodista resalta que la inamovilidad por dos años del Procurador General lo hace más dependiente del Poder Ejecutivo, ya que para poder ser considerado por dos años más deberá hacer una gestión del agrado del mandatario.

Aclaró el excandidato a senador por la Fuerza del Pueblo en Santiago que la Constitución del 2010 y en la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), consagran la carrera que establece que todos los fiscales del país, incluyendo el 50% de los procuradores generales, son inamovibles y deben ser seleccionados mediante concurso de oposición, y no por designación directa o a indirecta del Poder Ejecutivo.

“La carrera del Ministerio Público, como órgano extra poder del Estado, se inicia con el paso obligatorio de sus miembros por la Escuela Nacional del Ministerio Público y luego de ser aprobados mediante un concurso de oposición y por méritos califican para ser fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores de Cortes de Apelación y procuradores adjuntos de la Procuraduría” aclaró Martínez.

Martínez argumenta que la propuesta se basa en la premisa equivocada de que un Ministerio Público independiente se garantiza únicamente por la forma en que se designa al Procurador General y por la falta de afiliación partidaria reciente de este, olvidándose que este órgano judicial está integrado además por cientos de fiscales, fiscalizadores y procuradores de cortes de apelación independientes a otros poderes y entre sí.

«El artículo 170 de la Constitución ya establece la autonomía del Ministerio Público, y ese artículo no se toca en la reforma propuesta, lo que implica que implícitamente el gobierno reconoce su independencia «, puntualizó.

Demóstenes Martínez reafirma su compromiso con la defensa del equilibrio institucional y el respeto a la autonomía de los órganos judiciales del país, advirtiendo que esta reforma constitucional podría tener consecuencias nefastas para el sistema de justicia dominicano.