Santo Domingo. El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats afirmó este lunes que, pese a las falencias del nuevo Código Penal, era necesario que entrara en vigor, al considerar que el año de vacatio legis no fue aprovechado para introducir las modificaciones que distintos sectores reclamaban. El jurista sostuvo que el Congreso acogió parte de esas observaciones, aunque otras quedaron fuera del texto definitivo.

Jorge Prats explicó que el Código es una obra humana y, como tal, puede presentar errores, por lo que consideró natural que, con el tiempo, sea objeto de nuevas reformas, tal como ocurre con la legislación en otros países. También recordó que el Código Penal dominicano ha sido modificado en múltiples ocasiones mediante leyes especiales.»Es una pieza que, como toda obra humana, tiene errores, pero las leyes siempre están sujetas a reformas y actualizaciones».

Jorge Prats, quien forma parte de la comisión creada por el Poder Ejecutivo para dar seguimiento a la nueva legislación, explicó que ese organismo tendrá dos funciones principales: difundir el contenido del Código Penal para facilitar su comprensión entre la ciudadanía y recopilar las propuestas de modificación que puedan surgir con su aplicación.

A su juicio, uno de los principales problemas durante la discusión del Código fue que el debate público se concentró casi exclusivamente en el tema de las tres causales del aborto, dejando de lado muchos otros aspectos relevantes de la normativa.

Precisó que la comisión no redactará proyectos de reforma, sino que servirá como órgano consultivo para identificar las fallas que se evidencien en la práctica y presentar posteriormente un informe al Poder Ejecutivo.

El constitucionalista señaló que muchas de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el Código se han realizado de manera abstracta, sin esperar su aplicación práctica.

Explicó que algunas disposiciones, como las relacionadas con penas desproporcionadas, podrían ser evaluadas desde ahora, pero otras solo podrán determinarse cuando sean aplicadas por los tribunales.

En ese sentido, recordó que no solo el Tribunal Constitucional puede desaplicar normas, sino también los jueces ordinarios mediante el control difuso, por lo que llamó a la población a mantener la calma durante la implementación de la nueva legislación.

Jorge Prats explicó que el nuevo Código solo será aplicable a los delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia.

Precisó que cualquier robo, homicidio u otro hecho delictivo ocurrido antes del 3 de agosto continuará siendo juzgado conforme a la legislación anterior, ya que la ley penal rige hacia el futuro.

No obstante, recordó que la Constitución establece el principio de favorabilidad, por lo que, si la nueva legislación reduce las penas o beneficia al imputado, esas disposiciones sí podrán aplicarse a hechos ocurridos bajo el régimen anterior.

El abogado consideró que el nuevo Código representa un avance porque tipifica conductas que durante décadas fueron perseguidas utilizando figuras jurídicas que no las contemplaban expresamente.

Citó como ejemplo los delitos cometidos mediante medios electrónicos y las estafas piramidales, que anteriormente eran sancionados utilizando figuras tradicionales como la estafa o el abuso de confianza.

A su entender, ahora existe una mayor garantía para los ciudadanos porque las infracciones están claramente definidas en el texto legal.

Respecto a la responsabilidad penal de las empresas, Jorge Prats explicó que el Código no busca criminalizar la actividad empresarial, sino incentivar la adopción de programas efectivos de cumplimiento («compliance»), los cuales podrán servir como atenuantes o incluso eximentes de responsabilidad.

Indicó que las grandes empresas ya cuentan con mecanismos de cumplimiento en áreas como lavado de activos y anticorrupción, mientras que las pequeñas y medianas empresas tendrán exigencias proporcionales a su tamaño.

Asimismo, sostuvo que la prórroga de tres meses para algunas disposiciones relacionadas con estos programas no representa un cambio sustancial, ya que las empresas solo obtendrán beneficios si implementan sistemas de cumplimiento reales y eficaces.

Jorge Prats reiteró su oposición al denominado populismo penal y cuestionó el aumento de las penas como solución a la criminalidad.

Afirmó que la verdadera eficacia de un sistema penal no depende de sanciones más severas, sino de la certeza de que quienes cometan delitos serán efectivamente sancionados.

«Lo importante no es que la pena sea muy alta, sino que el ciudadano sepa que existe una alta probabilidad de que se le aplique», sostuvo.

También recordó que el Derecho Penal debe ser un mecanismo de última intervención y advirtió que muchas conductas delictivas responden a problemas sociales, económicos y de salud pública que no pueden resolverse únicamente mediante castigos más severos.

El jurista consideró que la entrada en vigencia del nuevo Código obligará al Estado a fortalecer el Ministerio Público, dotar de mayores recursos a las investigaciones y mejorar el sistema penitenciario.

Advirtió que la incorporación de nuevas infracciones podría aumentar la población carcelaria, por lo que será necesario ampliar la capacidad de los centros penitenciarios.

Además, criticó el deterioro del sistema penitenciario y afirmó que las cárceles dominicanas se han convertido en espacios donde muchas personas terminan fortaleciendo su vínculo con la criminalidad, en lugar de lograr su reinserción social.

Sobre el inicio de la evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Prats afirmó que este proceso tiene un componente eminentemente político.

Explicó que, aunque se valoran aspectos técnicos y jurídicos, la decisión final corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura mediante votación, lo que permite al presidente de la República dejar su impronta en la conformación del máximo tribunal.

Indicó que, de haber participado en una reforma constitucional, habría preferido establecer períodos únicos de once años, sin posibilidad de reelección, similar al modelo que actualmente rige para el Tribunal Constitucional.

 Eduardo Jorge Prats insistió en que el nuevo Código Penal debe entenderse como un instrumento que continuará perfeccionándose con el tiempo.

Afirmó que tanto los tribunales como la ciudadanía irán adaptándose gradualmente a la nueva normativa y destacó el papel de los medios de comunicación en la difusión y explicación de sus principales disposiciones.

«Es un gran instrumento, un gran paso, y todos vamos a aprender con esta nueva legislación», concluyó.